Tres artículos, en el foco
El Constitucional revisará la amnistía a petición del Supremo tras aceptar la abstención de Campo
Así lo ha decidido el Pleno del tribunal de garantías tras admitir a trámite de forma unánime la cuestión de inconstitucionalidad que había planteado la Sala Penal del Tribunal Supremo por sus dudas respecto al encaje de la norma en la Constitución.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad que había planteado la Sala Penal del Tribunal Supremo por sus dudas respecto a la ley de Amnistía y su encaje en la Constitución española. Por otro lado, también ha aceptado la abstención de Juan Carlos Campo por su condición de exministro en el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, fue el que fuera titular de la cartera de Justicia el que realizó la petición la semana pasada.
El tribunal admite el recurso porque la aplicación del delito de desórdenes públicos podría suponer una vulneracion de dos artículos de la Constitución. Por un lado, el Pleno del Constitucional tendrá que decidir si se incumple el artículo 9.3 de la Carta Magna en el que se "garantiza el principio de legalidad", así como "la seguridad jurídica" de los ciudadanos. Hará lo propio con el número 14, en el que se recoge que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna".
Asimismo, la nota informativa remitida a los medios, también hace referencia a que el Constitucional deberá revisar el cumplimiento del artículo que contempla que el "ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos (...) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales".
Además, durante la mañana de este martes el Pleno del tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido ha aprobado la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en este asunto, debido a su anterior vinculación con el Gobierno de Pedro Sánchez en el que ostentó la titularidad de la cartera de Justicia. Una petición que él mismo realizó la semana pasada, y que previamente había exigido el Partido Popular (PP) junto a la del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la de la magistrada Laura Díez.