Tras la rendición de María Guardiola a Vox
El PP consuma su alianza con una ultraderecha ya instalada en las instituciones
Los pactos alcanzados tras el 28M entre el PP y Vox en Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón han consumado una alianza con la ultraderecha que arrancó con la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León.
La candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, ha sido la última 'popular' en abrir la puerta a Vox en los gobiernos autonómicos tras ser investida este viernes como presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de los 28 diputados del PP y los cinco de Vox. De esta forma, Guardiola completó la rendición ante Vox, el partido con el que insistió públicamente que no gobernaría. El motivo de su cambio de criterio es sencillo, y es que los votos de la ultraderecha le han dado la presidencia de la Junta de Extremadura.
Durante las negociaciones en la comunidad, la candidata popular aseguró en varias ocasiones que de ninguna manera dejaría entrar en su gobierno a "un partido que niega la violencia machista". Sin embargo, María Guardiola cambió sus líneas rojas, presionada por Génova, llegando incluso a dar las gracias al partido que lidera Santiago Abascal por el "apoyo" brindado para lograr su investidura, por el que Vox gestionará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En el debate de investidura, Vox volvió a negar la violencia machista: "La violencia es violencia", y como tal, "debe ser castigada y sus autores deben cumplir íntegramente sus penas, y no verse con sus condenas reducidas ni en la calle", afirmó el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo en su intervención en el debate de investidura.
Los seis puntos más polémicos del acuerdo
Precisamente, uno de los puntos más polémicos del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura es que no hay rastro de la violencia machista. Y es que ambos partidos hacen malabares para evitar estos términos. Lo más aproximado que dicen es que quieren" erradicar los discursos machistas que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer".
La segunda clave del acuerdo es un pin parental disfrazado. En el texto del acuerdo hablan de "enseñanza neutra ideológicamente, libertad de elección de centro en todas las etapas y... el derecho que asiste a los padres que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo a sus convicciones", lo que no es otra cosa que un pin parental camuflado de libro.
Además, el tercer punto es la derogación de la Ley de Memoria Democrática extremeña, para impulsar, en su lugar, una nueva que sirva a la "reconciliación y concordia real", según dicen. La cuarta clave es evitar la lucha contra el cambio climático, que va seguida de las rebajas de impuestos, algo en lo que PP y Vox coinciden en todas las regiones. En concreto, en Extremadura desaparece Patrimonio y Sucesiones, y reducen Transmisiones Patrimoniales e IRPF. Por último, la sexta clave es la bajada del impuesto de matriculaciones de vehículos.
Las otras comunidades con PP y Vox en el Gobierno
Sin embargo, Extremadura es solo la última comunidad donde el Partido Popular ha llegado a acuerdos con Vox para gobernar. Y es que el partido que lidera Feijóo ya hizo lo mismo en Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. En la primera, el extorero Vicente Barrera Simó, que figuraba en el séptimo puesto de las listas de Vox al Ayuntamiento de València para las elecciones municipales del 28 de mayo, logró hacerse con la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y con la Conselleria de Cultura.
Además, en el documento pactado por ambos, la derecha y la ultraderecha incluyeron puntos tan polémicos como "erradicar la violencia intrafamiliar", derogar "normas que atacan la reconciliación con asuntos históricos" o "sacar la ideología de las aulas".
En la misma línea, en Aragón, Marta Fernández, una diputada de Vox machista, homófoba y racista, fue nombrada presidenta de las Cortes de Aragón gracias al pacto PP-Vox en la comunidad. Y en Baleares, más de lo mismo. Allí, la 'popular' Marga Prohens, se convirtió en presidenta del Ejecutivo autonómico gracias a la abstención de Vox, con el que llegó a un acuerdo hace dos semanas. De esta forma, la ultraderecha no estará en el Gobierno 'popular', aunque sí entrará en los consells.
Cabe recordar en este punto que la puerta a Vox en las instituciones la abrió hace más de un año Mañueco, tras pactar con la ultraderecha en Castilla y León. En ese momento, el líder del PP en la comunidad se mostró "orgulloso" de su acuerdo: "No es racista, ni homófobo, ni machista", aseguró. Fue entonces cuando el polémico político de Vox Juan García-Gallardo fue nombrado vicepresidente de la Junta.
Ahora, queda por saber qué va a ocurrir en Murcia, donde el segundo 'no' de Vox a la investidura de López Miras acerca a la repetición electoral en la región. Desde que fracasara la investidura el pasado lunes, se abrió un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación (7 de julio), para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura, y si en ese tiempo ningún candidato obtiene los apoyos necesarios, la presidenta de la Asamblea Regional la disolverá y se convocarán nuevas elecciones.
El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, ya adelantó este lunes durante una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público' que el partido mantendría la postura que ha tenido hasta ahora en Murcia, y avisó de que "va a ser la misma ahora y cuando pasen las elecciones generales" del 23 de julio. Y preguntado sobre si es posible que Vox cambie de opinión y permita un gobierno en solitario del PP en Murcia, el líder de este partido ironizó al decir tendría que salir del plató y darse "un golpe con una de las cámaras" en la cabeza. "Entonces, podría hacer una tontería, pero eso no va a pasar", expresó.