Uso residencial
Crece la polémica por el ático de Ayuso: la Comunidad de Madrid pone a la venta más inmuebles usados como oficinas sin licencia
Los detalles Entre los inmuebles que ahora salen al mercado figuran cuatro pisos situados en la Gran Vía y un edificio en pleno centro de Madrid valorado en unos 26 millones de euros.
Resumen IA supervisado
La polémica en torno al lujoso ático que la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta se intensifica, afectando también a otros inmuebles. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sacado al mercado varios pisos y edificios residenciales que, durante años, se usaron como oficinas sin licencia. A pesar de las críticas, el Ejecutivo defiende su transparencia y justifica el uso de estos espacios para necesidades administrativas. La oposición cuestiona la compatibilidad de estos usos con la normativa urbanística. El delegado del Gobierno en Madrid y la portavoz del PSOE critican al Ejecutivo por especular con inmuebles, mientras que la dirección nacional del PP minimiza la controversia.
* Resumen supervisado por periodistas.
La polémica por el lujoso ático que la Comunidad de Madrid ha sacado a la venta sigue creciendo. La operación ya no afecta solo a ese inmueble: el Ejecutivo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto también en el mercado otros pisos y edificios residenciales que, durante años, fueron utilizados como oficinas pese a no contar con licencia. Mientras tanto, el Gobierno madrileño mantiene que actuó con "absoluta transparencia" y rechaza las críticas de la oposición.
La controversia estalló tras conocerse la venta del exclusivo ático propiedad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la investigación revela que no se trata de un caso aislado. Entre los inmuebles que ahora salen al mercado figuran cuatro pisos situados en la Gran Vía y un edificio en pleno centro de Madrid valorado en unos 26 millones de euros.
Todos estos inmuebles tienen una característica común: fueron adquiridos como viviendas de uso residencial, pero durante años se destinaron a oficinas de distintas consejerías del Gobierno autonómico. De hecho, la propia empresa encargada de gestionar estas operaciones reconoce esa circunstancia en su documentación presupuestaria al señalar que "los inmuebles se han venido utilizando como oficinas, aunque su uso urbanístico es residencial".
Pese a ello, el Ejecutivo regional insiste en que estos espacios se empleaban para atender las necesidades de la Administración. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha defendido este viernes la actuación del Gobierno madrileño asegurando que se comportan "con absoluta transparencia" y ha explicado que se trata de inmuebles que "se ponen a disposición de las distintas necesidades que puedan tener las consejerías de la Comunidad de Madrid".
Sin embargo, las críticas apuntan precisamente a que esos usos administrativos no serían compatibles con la calificación urbanística de los edificios. Así, las nuevas revelaciones han provocado una nueva ofensiva política contra el Ejecutivo autonómico.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado el caso como "una pillada descomunal" y sostiene que evidencia el "modus operandi" del Partido Popular en materia de vivienda, al acusar al Ejecutivo regional de especular con este tipo de inmuebles.
En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha cuestionado que el Gobierno desconociera las limitaciones urbanísticas de los edificios cuando los adquirió: "¿Estás comprando un inmueble para hacerlo oficinas y de verdad no sabes que no vas a poder hacer oficinas?", ha preguntado la dirigente socialista.
El PP evita entrar en la polémica
Mientras aumenta la presión sobre la Comunidad de Madrid, desde la dirección nacional del PP han optado por marcar distancias con el asunto. Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, ha estado importancia a la controversia al ser preguntado por estas operaciones inmobiliarias y ha respondido escuetamente: "Sinceramente, me importa poco".
Las críticas también se centran en la forma en que se están desarrollando estas ventas. Según ha trascendido, la Comunidad de Madrid exigió una cláusula de confidencialidad al vendedor del polémico ático.