Negociaciones 'in extremis'

Cuenta atrás para el decreto de vivienda: las cesiones del PSOE a Sumar alejan a Junts del acuerdo

Entre líneas Pese a mostrar acercamiento durante la jornada de este lunes, Junts reprocha al PSOE que su acuerdo con Sumar plantea cambios "sustanciales" de última hora hechos en materias de okupación y sobre la Ley de arrendamientos urbanos.

No solo la calle clama por solucionar el problema de la vivienda. También la izquierda a la izquierda del PSOE mete presión a Pedro Sánchez. Esta semana se ha visto una imagen poco frecuente: los grupos parlamentarios han escenificado un frente común para exigir a los socialistas la aprobación este martes de un decreto ley "valiente". Al otro lado de la mesa, Junts complica la negociación y critica que haya "cambios sustanciales" sobre el texto hablado por la mañana.

Así, a pocas horas del Consejo de Ministros, continúan las conversaciones. Según ha podido saber laSexta, los principales escollos entre el PSOE y Sumar son: la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos de alquiler. No obstante, fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que el real decreto "no será ni cobarde, ni tibio".

El desahucio de Maricarmen se ha transformado en indignación en las calles, y esa indignación se ha traducido en presión para que los políticos solucionen el drama de la vivienda. La acampada de la Puerta del Sol de momento no pone en duda las instituciones. Se limita a exigirles que tomen decisiones para que dormir bajo techo deje de ser un lujo.

Son momentos críticos para el Gobierno de Sánchez. La parte socialista tiene que negociar a nueve bandas y poner de acuerdo desde la derecha de Junts a la izquierda de Sumar y crear un texto que encaje a todas las partes.

En los últimos días se han dado conversaciones cruzadas, por supuesto, con Sumar, y también con Esquerra, Bildu, PNV, Compromís, Coalición Canaria o el BNG. Un debate contrarreloj y en el que cada partido tiene prioridades y líneas rojas muy diferentes, que dan poco margen real de negociación.

Las propuestas de cada grupo

Por un lado, Sumar ya ha advertido que no irá al Consejo de Ministros sin llegar antes a un acuerdo para el real decreto. "Nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras", ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Entre las prioridades de su grupo están incluir el fin de los desahucios, congelar los precios de los alquileres, prórrogas automáticas y la regulación del alquiler por habitaciones y los alquileres de temporada.

Esas propuestas son compartidas por otras formaciones como BNG, Compromís o ERC. Estos últimos piden además bajar el IVA en la compra de la primera vivienda o suspender los desahucios. "El Gobierno tiene las herramientas y el BOE, no puede ser un parche", ha sostenido la diputada de ERC, Etna Estrems. Esquerra ha reclamado además la "eliminación de los privilegios de las sociedades de inversión".

En la misma línea se ha pronunciado EH Bildu, que exige "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos".

Asimismo, Podemos defiende bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra vivienda que no sea para residir, expropiación a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social y también la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. "Todo lo que no sea incluir estas medidas en el decreto será ineficaz para luchar contra la especulación. El decreto no debe servir para que se lave la imagen del Gobierno", ha esgrimido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

A la derecha del PSOE está el PNV, que aboga por "proteger al pequeño propietario y gravar el alquiler turístico con una subida del IVA del 10% al 21%". También Junts, uno de los grupos clave para sacar adelante el decreto y que más ha diferido siempre con el Gobierno en esta cuestión.

La formación catalana ha propuesto la desgravación de alquileres e hipotecas (bonificaciones fiscales) y la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre.

Avances y escollos en las negociaciones

Con estas propuestas sobre la mesa, laSexta ha podido saber en cuáles hay más consenso. En primer lugar, no habrá ningún tipo de acuerdo sobre la expropiación.

Según fuentes de Sumar, de momento se mantiene esa iniciativa en el orden del día del Consejo de Ministros, pero lo más probable es que el PSOE lo quite del orden del día, ya que es una medida que nunca se ha incluido en el real decreto. También se ha quedado fuera la reforma de la ley del suelo, uno de los grandes puntos de fricción con Podemos.

En lo relativo a prohibir la compra de vivienda a fondos buitre, habría bastante entendimiento, sin embargo, no se habría acordado aún un artículo que convenza a los grupos. En este sentido, se habría incluido en el borrador el derecho de tanteo de retracto, es decir, que se dé la oportunidad al inquilino de comprar el piso antes que el fondo buitre.

Según ha podido saber laSexta, Junts y el PNV estarían dispuestos a acordar la prórroga de dos años de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Esta medida sería una victoria para el Ejecutivo y ya ha sido acordada por PSOE y Sumar.

No obstante, en Sumar no están del todo conformes con dicha prórroga, ya que descarta la opción de los contratos indefinidos y la renovación automática que defiende el grupo. Asimismo, queda confirmar que Junts acepte la prórroga, de la que ha votado en contra en otras ocasiones. Igualmente, Sumar ha celebrado que se incluya la congelación del precio de los alquileres para los contratos que finalicen antes de 2029.

Otro de los escollos sigue siendo la regulación del alquiler por habitaciones. El Gobierno ha hecho una propuesta a Junts, pero el partido de Carles Puigdemont insiste en que es una competencia autonómica, ya que el derecho civil catalán permite que se regule desde la Generalitat y el Parlament.

Junts critica los últimos cambios

Con todo ello, Junts ha cargado durante la tarde contra el Gobierno, al que ha acusado de "alejarse del acuerdo trabajado en los últimos días", pasando de "una propuesta de posible consenso con la que estábamos mayoritariamente de acuerdo" a un real decreto en "un real decreto-ley Ómnibus en el que se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo trabajado y que ya impidieron la convalidación de los anteriores decretos".

Según han informado fuentes de Junts, el texto al que el PSOE ha llegado con Sumar "recupera dar por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre".

Además, han criticado que "se realiza una modificación integral de la Ley de arrendamientos urbanos, de hasta 34 artículos, vía real decreto, aunque esta reforma ya se está tramitando con la participación de todos los grupos políticos en el Congreso mediante la ley correspondiente".

Este distanciamiento de Junts es importante para el Gobierno, que depende de los votos del partido de Puigdemont. Por pura aritmética, a los socialistas les preocupa más convencer a la formación independentista que a Podemos, ya que Junts tiene site diputados y Podemos cuatro. No obstante, las cuentas siguen muy ajustadas y todavía no hay nada asegurado para poder garantizar una votación favorable en el Congreso.

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