SE HA PRODUCIDO EN EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PREVISTO PARA SU REINGRESO
Daniel de Alfonso firma su reingreso como juez aunque se reincorporará tras las vacaciones
El Consejo General del Poder Judicial ha firmado su reingreso como magistrado tras la divulgación de sus conversaciones con el ministro del Interior, Fernández Díaz.
El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ha firmado su reingreso como magistrado de la Audiencia de Barcelona, aunque no se reincorporará a su labor como juez hasta después de las vacaciones de verano, según han informado fuentes judiciales.
De Alfonso ha acudido esta mañana a la Audiencia de Barcelona, donde ha accedido por una puerta lateral para esquivar a la prensa que desde primera hora aguardaba su llegada, en el último día del plazo previsto para que firmara su reingreso como magistrado, que fue acordado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Daniel De Alfonso, que fue destituido por el Parlament como director de la OAC el pasado 29 de junio a raíz de la divulgación de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acudido a la Audiencia de Barcelona, ha firmado su reingreso como juez y se ha marchado, según las fuentes.
El Parlament destituyó el pasado 29 de junio a De Alfonso al considerar que cometió un "grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones", ya que en las conversaciones con Fernández Díaz, según la cámara catalana, ambos se dedicaron a "fabricar" casos de corrupción para desprestigiar al independentismo.
El CGPJ recibió el martes de esta semana por correo ordinario la petición de De Alfonso de reingresar en el servicio activo en la carrera judicial, ya que tenía una excedencia como juez por la que podía volver cuando quisiera, únicamente solicitando su reincorporación ante el órgano de gobierno de los jueces.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advirtió el pasado 6 de julio del "daño" que causa a la justicia que se permita regresar a la carrera judicial a magistrados que han ejercido cargos públicos de confianza, como en el caso de De Alfonso. "Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción", advirtieron los jueces conservadores.