EN TOTAL HAY 17 CONCEJALES Y 21 ASESORES IMPUTADOS
Declaran por blanqueo de capitales seis concejales y dos asesores del PP de Valencia
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha citado a declarar como investigados (imputados) a seis concejales y dos asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia por un supuesto delito de blanqueo.
En total, constan como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia. Todos ellos, entre los cuales se encuentran ocho ediles del actual grupo municipal popular -el noveno es Alfonso Novo, que ha declarado ya y el décimo es el independiente Eusebio Monzó-, deberán comparecer ante el juez entre los días 8 y 18 de este mes.
Así, están llamados a declarar los concejales Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo, además de dos asesores. El miércoles han sido citados los exconcejales Silvestre Senent y Ana Albert y la edil Maria Angels Ramón-Llin, además de siete asesores.
El siguiente miércoles, día 17, deberán comparecer la concejal María Jesús Puchalt y los exediles Vicente Aleixandre y Francisco Lledó, además de cuatro asesores. Para la última jornada de declaraciones, prevista para el jueves 18, han sido citados los exconcejales Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto y otros siete asesores.
El pasado miércoles el juez ya interrogó a tres investigados (imputados) y a cinco testigos; entre los investigados por blanqueo está el hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una tercera persona.
Esta investigación por blanqueo se deriva de la operación contra una supuesta trama de mordidas en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales desde 2003.