La defensa de Rull y Turull pide su libertad provisional para que puedan ejercer de consellers

La defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ambos en prisión preventiva, ha solicitado su libertad provisional con la "mayor celeridad y urgencia posible", para que puedan tomar posesión como nuevos consellers del gobierno catalán y ejercer sus cargos de manera "inmediata".

Así lo apunta Jordi Pina, abogado de los dos exconsellers, en un escrito dirigido al Tribunal Supremo, después de que Torra haya firmado el decreto que estructura los ámbitos del Govern y el decreto de nombramiento de los nuevos miembros del consejo ejecutivo catalán, quienes tomarán posesión del cargo el miércoles 23 de mayo.

Torra ha incorporado como consellers de su nuevo Govern a dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), y a otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura). En el escrito de Pina, el abogado solicita la "libertad provisional" de Turull y Rull al argumentar que "ambos diputados tienen el perfecto derecho de aceptar tales cargos, pues les ampara el artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce su derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, sin que fuera legítimo discriminarles por tener la condición de presos".

"En consecuencia, no existiendo ninguna razón que les inhabilite para ocupar el cargo de consellers, los diputados tienen perfecto derecho a aceptar su designación", apunta el escrito, que considera que el hecho de que los "futuros consellers deban ejercer su cargo desde prisión no es, desde luego, algo conveniente, ya que ello dificulta un adecuado desempeño de sus labores".

Por lo tanto, que los consellers "puedan gozar de libertad y ejercer de un modo efectivo sus cargos se considera un elemento necesario para el 'acertado retorno del autogobierno' pretendido por el señor Instructor", agrega.

También se esgrime que "no existe ningún riesgo de fuga", ya que los dos exconsellers acudieron por dos veces al llamamiento judicial sabiendo que "muy probablemente acabarían en prisión". Por último, dado que se ha fijado el 23 de mayo como fecha de la toma de posesión, se solicita que "con la mayor celeridad y urgencia posible" se dicte la puesta en libertad provisional.