El Defensor del Pueblo cree que el rechazo de 470 personas en Melilla no respetó la ley

El Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 inmigrantes.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo avanza las primeras conclusiones de su investigación y destaca que ese día se registró "una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos". Según explica, en el visionado de las imágenes se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.

El Defensor recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió. Destaca que ha analizado la documentación recibida de los Ministerios del Interior y del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero no da por concluida la investigación, y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo "que podrían ayudar a aclarar algunos extremos".

Entre los pasos dados, señala que se ha dirigido a Exteriores para que refuercen con medios materiales y humanos embajadas y consulados para que posibles solicitantes de asilo puedan acceder a ellos "sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país". Ha trasladado además a la Fiscalía General del Estado el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Y ha solicitado información sobre los procedimientos usados para determinar la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima, en la ciudad autónoma. Siguen asimismo las gestiones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para conocer el protocolo que se siguió con los partes de lesiones de los heridos aquel día; y con la Dirección General de Política Interior para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de los inmigrantes que consiguieron llegar al CETI y las incidencias en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar.

Gabilondo, que viajó personalmente a Melilla junto a un equipo técnico, explica que se interesó por lo ocurrido el mismo día de la tragedia y que las actuaciones se iniciaron formalmente el 27 de junio, tras una queja presentada por nueve asociaciones. El 20 de septiembre recibió la documentación remitida por Interior, que incluye imágenes y videos. Precisamente en la madrugada de ayer el Tribunal de Apelación de la localidad marroquí de Nador condenó a entre 2 y 3 años de prisión a 15 emigrantes sudaneses detenidos en el contexto del salto masivo a la valla de Melilla del 24 de junio.

El Ministerio del Interior: "Todos los rechazos en frontera se realizaron dentro de la más estricta legalidad"

Por su parte, el Ministerio del Interior ha respondido de forma inmediata al Defensor del Pueblo que todos los rechazos en frontera que se realizaron durante el salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 inmigrantes se hicieron "dentro de la más estricta legalidad".

Fuentes de la Guardia Civil precisan a Efe que el número de 470 rechazados en frontera que alude el Defensor en sus conclusiones no es "ni de lejos" la cifra correcta. Defienden que fueron 101 inmigrantes los que se quedaron en ese perímetros "en tierra de nadie". Tras estas explicaciones Interior reitera las condolencias a los familiares de las personas fallecidas y expresa "su firme respaldo al trabajo realizado por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto por los efectivos de la Guardia Civil".