8 y 9 de junio
La Delegación del Gobierno, dispuesta a autorizar todas las manifestaciones tras el visto bueno a los rezos en Ferraz
Desde la Delegación han indicado que están contactando con los convocantes de todas las concentraciones que habían sido prohibidas por la Junta Electoral Provincial, para informarles de que pueden hacer una nueva petición.
La Delegación de Gobierno ha señalado que está dispuesta a autorizar todas las manifestaciones que se habían prohibido los días 8 y 9 de junio por ser la jornada de reflexión y de votación de las elecciones europeas.
Este anuncio lo han realizado tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha autorizado unas concentraciones para rezar el rosario contra la amnistía en Ferraz durante este fin de semana electoral.
De esta forma, la Delegación del Gobierno ha informado de que la JEP se pronunciará de forma "individualizada" si se hacen nuevas peticiones para realizar concentraciones durante esos días, valorándose la aplicación de la citada doctrina (en referencia a la sentencia del TSJM con respecto al rezo contra la amnistía) en cada caso.
Además, han señalado que también están contactando con los convocantes de todas las concentraciones o manifestaciones que habían sido prohibidas por la Junta Electoral Provincial, con el objetivo de informarles de que pueden hacer una nueva petición basada en la nueva doctrina sentada tras la sentencia del TSJM.
La decisión la han comunicado tras haber realizado una consulta a la Junta Electoral Provincial para unificar criterios de manifestaciones tras dicha decisión.
El PSOE pide que no se autorice la concentración en Ferraz
La decisión de la Delegación del Gobierno se da a conocer unas horas después de que el PSOE haya emitido un comunicado en el que pide anular de forma cautelarísima la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid que autorizó concentraciones para rezar ante su sede, en la calle Ferraz de la capital, durante las jornadas de reflexión y de votación de las elecciones europeas.
El PSOE solicita anular la sentencia, que es firme y ante la que no cabía interponer recurso, con el argumento de que se trata de un acto político, señalando que el partido debería haber sido informado y considerado parte en este proceso.