El delegado del Gobierno en Madrid tendrá que declarar como imputado el 5 de junio por la manifestación del 8M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de junio por no haber prohibido manifestaciones masivas como la del 8M.

La juez ha adoptado la decisión después de que un atestado de la Guardia Civil haya indicado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón mantuvieron encuentros para dar el visto bueno a la manifestación del Día de la Mujer.

Además, el médico forense adscrito al juzgado ha asegurado que "de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". En este sentido, apuntó que al menos se debería haber advertido a la población para que mantuvieran medidas de seguridad e higiene. Si bien recalcó que no es posible determinar si las personas afectadas por el coronavirus que asistieron a las manifestaciones lo contrajeron por este encuentro o por cualquier otro acto.

En este sentido, la juez ha pedido las resoluciones o el conocimiento o prohibiciones de todas las concentraciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo de 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada. Por otra parte, ha enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Interior en la que recuerda el último párrafo de su providencia, en el que recordaba que la investigación es secreta y que no se puede filtrar ningún documento.

A su vez, la juez ha solicitado dos informes fechados el 3 y el 6 de marzo. El primero de ellos es un escrito del Ministerio de Sanidad titulado "Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19", sobre el que se investigará si fue o no publicado en la página web del Ministerio; el segundo solicita dictar "su distribución o difusión (cauce y fecha), si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente".

El segundo de ellos es el comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad de 6 de marzo de 2020 sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19. Sobre el mismo el juzgado solicita "su distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones) si fue colgado en la web oficial del Ministerio".

La investigación fue abierta tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los Delegados de Gobierno por permitir estos actos masivos que pudieron propiciar la infección por coronavirus.