Denuncian por prevaricación al ministro de Sanidad por impedir a la Comunidad Valenciana pasar a la fase 1

El letrado Luis Vericat ha presentado una querella penal ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por haber impedido que la Comunidad Valenciana entrase en la fase 1 de la desescalada a pesar de "cumplir con los requisitos".

Preguntado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Illa ha asegurado que no tiene constancia de la denuncia pero "que la afronta con mucho ánimo".

En esta querella, el abogado señala la "urgencia de investigar los hechos" ante la posibilidad de que haya territorios que han pasado a la fase 1 sin cumplir los requisitos establecidos o en una situación peor a la de la Comunidad Valenciana, porque "el riesgo para la salud y la vida de las personas estaría en juego".

Además, expone que la Generalitat Valenciana solicitó al Gobierno de España la entrada en la fase 1 de la desescalada para la Comunidad Valenciana ya que "cumplía de sobra con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad", según anunció la Generalitat y la Conselleria de Sanidad.

Sin embargo, el pasado 8 de mayo el ministro de Sanidad anunció finalmente que únicamente 10 de los 24 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana pasarían a la fase 1 de la desescalada.

Vericat entiende que tras las declaraciones que han hecho el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, posteriores al anuncio de Sanidad, se desprende que la decisión del ministro se ha adoptado de manera "totalmente arbitraria y a sabiendas de que era injusta".

Por ello, el abigado reclama que "si realmente toda la Comunidad Valenciana está preparada para pasar a la fase 1, debería acordarse cuanto antes para evitar perjuicios económicos y la limitación de derechos fundamentales".

En la querella además reclama que se tome declaración al querellado, Salvador Illa, y también, en calidad de testigos, al president Ximo Puig; a la consellera de Sanidad, Ana Barceló; al director del Centro de Coordinación y Alertas, Fernando Simón; y "a todas las personas que han intervenido en la decisión del ministro".