Para Ayuso, "una tomadura de pelo"
El PP descarta apoyar la reforma de la Ley de Extranjería si el Gobierno no acepta sus condiciones "irrenunciables"
Tras el registro del texto que contempla el reparto de menores no acompañados, la reacción desde Génova no se ha hecho esperar. Ayuso, por su parte, ha considerado que se trata de "una tomadura de pelo" porque "integrar no es repartir".
El Partido Popular (PP) ha traslado al Ministerio de Política Territorial que "no apoyará" la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a los menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, salvo que el Gobierno acceda a incluir sus "irrenunciables" propuestas en el texto.
Así se recoge en un escrito que el Grupo Parlamentario Popular remitió a la cartera dirigida por Ángel Víctor Torres y que ha anunciado el popular Borja Sémper desde la sede nacional del partido en Madrid, en la que incide en sus condiciones para apoyar la modificación de esta ley orgánica.
La iniciativa registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria prevé un mecanismo de reparto que se activa de forma automática cuando la capacidad del sistema de protección en una comunidad autónoma alcanza el 150% de su ocupación. Asimismo establece que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.
"Sin un plan económico potente para invertir en el control de frontera, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades autónomas, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular no apoyará lo que no es más que un parche", responden desde Génova a la proposición de ley del Gobierno, consensuada entre el Ejecutivo central y el de Canarias -donde el mismo PP ostenta la vicepresidencia-.
A lo largo del escrito, al que pudo acceder Servimedia, el PP censura la forma de obrar del Ministerio. En primer lugar, señala que "hubiera sido" que fuera un proyecto de ley y no una proposición, ya que habría venido acompañado de informes jurídicos de órganos consultivos y la memoria económica imprescindible.
Segundamente, considera que, si existiera "voluntad de acuerdo" para abordar una cuestión que "afecta a todos", se habría planteado este acuerdo de cooperación en la Conferencia de Presidentes, como solicitaron los representantes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud. "Sin embargo, lo único que han recibido por parte del gobierno hasta ahora son ataques basados en mentiras", apostilla.
Por último, el PP se queja de que no ha recibido "borrador alguno" de la proposición y que, según apuntan las informaciones, que se pretende registrar, no por el Gobierno sino por otros grupos parlamentarios, "no recoge ninguna de las cuestiones" que su portavoz, Miguel Tellado, planteó en la reunión que mantuvo con Torres en el Congreso hace un par de semanas.
La primera de esas propuestas "irrenunciables" es declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, "no solo por las cifras que en este momento existen sino también por las previsiones para los próximos meses que ha dado el propio Gobierno de España y las ONGs".
De esta manera, todas las comunidades podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida de menores. Asimismo, el PP ve necesario que la proposición asegure por ley que los menores que sean trasladados a las comunidades de destino sean "indubitados" en su edad.
Y también que implique al Gobierno, ya que el texto establece obligaciones para las comunidades, "sin asumir" el Ejecutivo central "ningún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias migratorias". "Por eso debe quedar constancia que, a la vez que se presenta esta proposición de ley, se entrega en el mismo acto un plan de política migratoria del Gobierno para ejercer con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares", prosigue el texto.
Esta política migratoria pasa por "reforzar el control de las fronteras marítimas, así como establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles". También que se lleven a cabo las inversiones necesarias con los países de origen para evitar la salida de pateras, y que el Gobierno aporte "una prueba fehaciente" de que se solicita la activación de los mecanismos de la Unión Europea para luchar contra la entrada ilegal y para la colaboración en el reparto de los menores llegados a España.
Más fondos
En paralelo, el PP denuncia que las informaciones apuntan que la proposición no recoge "ninguna precisión mediante memoria económica de la financiación que se va a destinar a esta acogida obligatoria". Solamente hace referencia al sistema que se realiza ahora de reparto con una financiación exclusivamente del primer año de acogida cuando se debería soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela.
Por ende, para apoyar el texto, ven "imprescindible" que exista un compromiso financiero por parte del Gobierno de España mediante un fondo de contingencia plurianual y con el reconocimiento de los menores que ya están en estos momentos acogidos por las comunidades. "Este debe recoger la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación", consideran los populares.
También debe reflejarse "de forma expresa" que, una vez que la situación que viva una comunidad autónoma en cuanto a los menores en acogida, exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar "los medios y su gestión directa, ya que la imposición del reparto, sin existir los medios para la acogida hace imposible que esta sea efectiva", como sucede en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Por último, el PP incide en tener "garantías de que el reparto será para todas las CCAA sin excepción", con los ojos puestos en Cataluña. "Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en estas últimas semanas", señala.
Para Ayuso, "una tomadura de pelo"
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este lunes que "la Ley de Extranjería es una tomadura de pelo" puesto que "integrar no es repartir", y ha pedido "coherencia y humanidad" al PSOE en materia de inmigración. Durante su intervención en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, celebrado en Leganés, se ha referido al "desafío de la inmigración" recalcando que "Madrid ha sido siempre, no es de ahora, desde hace siglos, una región de apertura y de mestizaje".
"Lo que nosotros defendemos es que la inmigración tiene que ir de la mano de la ley y de la integración. Integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado. La presidenta ha recordado que "detrás de cada persona que inmigra y que viene a vivir a España jugándose la vida hay una circunstancia personal, hay un nombre, un apellido o un origen y es obligatorio que todos los gobiernos lo conozcan".
Además, ha destacado el trabajo que realiza la Comunidad de Madrid "desde hace ya muchísimos años atendiendo a miles de inmigrantes, de personas que han dejado atrás su tierra, su familia, para labrarse un futuro mejor". A juicio de la presidenta, "lo que hace el Gobierno de Sánchez no es eso. Es la foto para después dejarles abandonados y lo que nosotros defendemos es que no podemos afrontar llegadas masivas por inacción del gobierno porque eso no integra, no ayuda en absoluto".
De ahí que la nueva Ley de Extranjería "tal y como la pretenden vender es una verdadera tomadura de pelo y una inversión de la verdad. Desde hace más de seis años Sánchez tiene las responsabilidades de gobierno de las fronteras, de la inmigración, de la seguridad y no ha hecho absolutamente nada". Ha reclamado al Gobierno central "que esté a la altura y que, sobre todo, tengan una política exterior coherente y sostenida porque todo lo que está haciendo siempre son mentiras, herramientas para seguir un día más en el poder".
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha emplazado al PSOE a ser "leal" con el PP en la reforma de la ley, para lo que cree que debe darle la información necesaria y negociar su contenido: "Si son lentejas, o las tomas o las dejas, será muy difícil llegar a un acuerdo".
Moreno, que tiene varios actos este lunes en Almería, ha dicho a los periodistas que es una decisión que corresponde a las Cortes Generales y a la dirección del PP, pero ha advertido de que "cuando uno quiere sacar adelante una ley lo primero que tiene que hacer es acordarla". Ha defendido que el PP ha demostrado "claramente" que es un partido de Estado, "solidario, que está cuando se le necesita", en referencia al reparto para la acogida de menores migrantes.
El presidente andaluz ha asegurado que lo hacen "con absoluta convicción" porque tienen que ayudar a las personas más necesitadas, como son los niños "que tienen que abandonar su país" para buscar "un futuro mejor" en España. Por otra parte, sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "de una vez por todas se tome en serio el nuevo modelo" porque el actual es "injusto" hacia varias comunidades, entre ellas Andalucía.
Además, hasta que se consiga un nuevo modelo, que tardará "años", ha vuelto a reclamar un fondo transitorio de compensación para que no sigan "en la injusticia" esas comunidades, que son Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.