Desmontando la desinformación sobre las deportaciones masivas de migrantes: ¿son posibles y qué país deporta más?

La realidad se impone frente a quienes exigen deportaciones masivas de migrantes. Lo primero que hay que preguntarse es si son legalmente posibles. A esto, Mónica López, directora general de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha explicado a laSexta Noticias que en la legislación española como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos "prohíben sobre la expulsiones colectivas".

Por ello, Pedro Sánchez ha estado esta semana en Senegal, Mauritania y Gambia en busca de soluciones para favorecer el control migratorio y frenar la llegada de miles de cayucos a las costas de países europeos como España.

El presidente del Gobierno, durante su viaje por estos países africanos, ha señalado "una nueva estrategia" avanzando que África Occidental y el Sahel pasarán a ser "regiones prioritarias" para España y señalando que "la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas" en un discurso que, eso sí, ha variado con el paso de los días.

Un mensaje que ha provocado las críticas desde el Partido Popular. Su portavoz, Miguel Tellado, ha indicado en una entrevista para 'esRadio' que "mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regulaciones masivas y acude a esos países a alentar las salidas".

Una afirmación no tan cierta si nos fijamos en las estadísticas. Datos del primer trimestre de este año de Eurostat apuntan que España es el quinto país de la Unión Europea por número de expulsiones, solo por detrás de Francia, Alemania, Suecia y Chipre.

Si nos comparamos con Italia o Grecia, países mediterráneos como el nuestro, España les supera de lejos. Doblamos a Grecia y triplicamos a Italia. Y como muestran las cifras, los discursos de Alemania e Italia no se corresponden tanto en cifras.

Y si hablamos de expulsiones y deportaciones, capítulo aparte tienen los menores de edad, los niños. José Chamizo, portavoz de Sevilla Acoge, ha explicado que "menores no se pueden expulsar directamente por el Convenio de Derechos Humanos".

También el migrante en general puede estar protegido por normas internacionales. Como recoge la Convención de Ginebra de 1951, reconocen el derecho de las personas migrantes a solicitar asilo en un país si cumplen una serie de requisitos (principalmente por persecución por conflicto armado, condición de raza, ideología política, religiosa u orientación sexual). De esta forma, y contradiciendo el discurso adoptado por la derecha, el país al que migran tiene que aceptar su condición de refugiado, aunque es algo que se debe estudiar caso por caso.

Otra realidad a tener en cuenta es la logística para detener y ordenar una expulsión. En 2023, España ordenó la mayor cifra de expulsiones de la última década: 64.000 personas. Aunque llegaron a ejecutarse menos de 6.000, un 9% del total. María José Moreno, responsable del área Jurídica Movimiento por la Paz, ha afirmado que "muchas veces no se sabe o no se está seguro de si esa persona es de ese país".

Y a quienes ven (desde la derecha) a las deportaciones masivas como una solución, el Gobierno les recuerda que los países de origen tendrían que aceptar la devolución. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "para muchos de esos países, el 15% de su PIB depende de las remesas de dinero que reciben de esos migrantes: "¿Creéis que aceptan deportaciones masivas?".