"SI VA MÁS LEJOS TRATARÉ EL TEMA CON LAS AUTORIDADES"
El CE dice que la Ley de Seguridad Ciudadana es "altamente problemática"
Interior ha suavizado en algunos puntos su Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'Ley Mordaza', pero las sanciones que pretende imponer el ministerio de Fernández Díaz por acciones como fotografiar a un policía u ofender a España son desmesuradas hasta para el Consejo Europeo.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, pidió a la Unión Europea y a la Troika que tengan en cuenta el impacto que los acuerdos de asistencia financiera y sus condiciones pueden tener sobre la situación de los derechos humanos en los países receptores.
"La comunidad internacional en ocasiones ha puesto condiciones muy duras (al conceder asistencia financiera) que atan las manos de los gobiernos", dijo Muiznieks tras presentar en Bruselas un informe del Consejo sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos.
El documento pone de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por las instituciones internacionales y emprendidas por los Estados han afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento igualitario.
Por ello, Muiznieks abogó por que se estudie el impacto de estas políticas y se consulte con organizaciones civiles o de derechos humanos para que sean corregidas si se encuentra que tienen efectos desproporcionados sobre la población.
Sobre el borrador de la ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno español, que prevé, entre otras cosas, multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones no comunicadas frente a instituciones públicas, Muiznieks consideró que es "altamente problemática".
Explicó que, por un lado, plantea la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y, por otro, la de "si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática" para mantener el orden público "sin interferir demasiado en la libertad de reunión". "Si va más lejos trataré el tema con las autoridades españolas", añadió.
El documento recoge varias recomendaciones para los 47 Estados miembros del Consejo cuyo objetivo general es garantizar que las medidas de austeridad que adopten sean temporales, necesarias, proporcionales y sobre todo no discriminatorias.
En este sentido, el comisario insistió en la necesidad de potenciar la figura del defensor del pueblo e impulsar la labor de las instituciones estatales y organizaciones sociales de derechos humanos.