Diez estudiantes del marcrobrote de Mallorca reclaman 50.000 euros al Govern balear

El abogado de diez estudiantes cordobeses que viajaron a Mallorca y se vieron afectados por el confinamiento decretado por la Conselleria de Salud y Consumo del gobierno de las islas a raíz del macrobrote reclama una indemnización de 50.000 euros. Concretamente, solicita al Govern una cantidad de 5.000 euros a cada estudiante por una presunta "vulneración de derechos fundamentales".

Con esta cuantía, explica la demanda, se sufragarían los daños económicos causados (actividades sufragadas y no realizadas y el viaje de vuelta), y los daños morales, al privarles del disfrute de sus derechos y someterlos a una presión y a un trato discriminatorio.

El letrado que ha interpuesto la demanda, Luis Espinosa, ha recordado que a dichos jóvenes cordobeses, que en su mayoría son "mayores de edad" y que ya han concluido sus estudios de Bachillerato, se les retuvo el pasado junio contra su voluntad en un hotel de Mallorca junto a decenas de estudiantes de varias comunidades que estaban de viaje de fin de curso en la isla. Añade además que se les retuvo a pesar de que "habían dado negativo" en los test del coronavirus que se les hicieron.

Por ello, y según ha explicado el citado abogado, que es padre de uno de estos alumnos, ha presentado la demanda por vulnerar los derechos fundamentales de libertad personal, libre residencia y circulación de los jóvenes estudiantes cordobeses, tomando también como base las resoluciones judiciales ya adoptadas en Baleares contra el confinamiento obligado de los estudiantes.

En su demanda se aduce la mencionada vulneración de los derechos de libertad personal, libre residencia y circulación, "en tanto que no se han dado circunstancias ni razones ni resolución administrativa que ampare que los demandantes hayan estado privados de su libertad personal, encerrados de forma forzosa y custodiados por fuerzas del orden público durante seis días".

Además, la demanda señala, igualmente, que la Conselleria de Salud cometió abuso de poder con un grupo de alumnos que habían dado negativo en los test de coronavirus que se les realizaron y que llegaron "a una ciudad sin ley" que les llevó "directamente a una pesadilla".

En el texto también se relata que la Administración autonómica balear, a la que se acusa de "permisividad y pasividad" ante hechos ocurridos con anterioridad a la llegada de este grupo a Mallorca, comprobó el error cometido semanas atrás "haciendo pagar a justos por pecadores y señalando con el dedo y arrollando sin decoro los más elementales derechos de los jóvenes", queriéndose amparar después "en una resolución fallida y falta de la más elemental base de hechos y sin fundamento jurídico que la justificase".