El difícil y largo proceso para poner fin a la Fundación Franco: los pasos para su extinción

El Ministerio de Cultura ha anunciado este jueves que ha iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco. Pero el proceso no es nada sencillo. El ministerio tendrá que pedir informes y recabar información para que, finalmente, los jueces decidan. Así, la justicia tendrá la última palabra en un difícil proceso que se prevé que durará un año.

Este mismo jueves, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que ha iniciado los trámites y ha explicado en Al Rojo Vivo que su departamento es el competente para hacerlo porque "el que gestiona el patronato de las fundaciones en este país". "Básicamente lo que hacemos es poner en marcha la aplicación de la Ley de la Memoria Democrática", ha resumido.

Dicha Ley entró en vigor hace dos años. En uno de sus artículos habla de la extinción de Fundaciones que hagan "apología del franquismo y que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes". La Fundación Franco parece que encaja ya que en los últimos años ha realizado homenajes al dictador y ha calificando de justa y merecida victoria la entrada de Franco en Madrid, precisamente hechos contrarios a la Ley de Memoria.

Los pasos para su extinción

Por tanto, el ministerio podría ilegalizar la Fundación, pero el proceso no es sencillo. Los pasos que debe dar la cartera de Urtasun para poner fin a la Fundación Francisco Franco comienza en solicitar un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre ese posible incumplimiento. Este paso, según ha anunciado el ministro, lo ha realizado este mismo jueves.

Así, se abre un período para recabar información en el que las asociaciones de víctimas de memoria podrán participar. Para Urtasun, según ha declarado en Al Rojo Vivo, “es un procedimiento muy garantista, con unos procedimientos muy pautados”. Además, ha insistido en que, de esta manera, al pedir a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recabar información, han dado el primer paso para este largo proceso.

Posteriormente, la Abogacía del Estado deberá hacer otro informe y tendrá que fijar su posición. Con toda esa documentación, una vez hechos los informes tanto de la Secretaría Estado y de la Abogacía, Cultura instará a la justicia para que se proceda a la extinción. Por tanto, la última palabra la tendrán los jueces. Estos deberán determinar si la Fundación Francisco Franco es o no legal en nuestra democracia. Un proceso difícil que durará aproximadamente un año.

"Es algo que ya le debíamos desde hace bastante tiempo a las asociaciones de memoria, que nos estaban pidiendo que iniciáramos este procedimiento", ha reivindicado este jueves Urtasun, quien ha insistido en que, tras iniciar estos trámites, lo que está haciendo el Ministerio de Cultura "es cumplir la Ley de Memoria Democrática". El abogado de los familiares de las víctimas de Cuelgamuros confía en que no se dilate demasiado, aunque el proceso se prevé largo.

Reacciones de la ultraderecha

Tras el anuncio de Urtasun, Felipe Utrera Molina, hijo de ministro franquista, reaccionaba así en redes sociales: "Le prometí a mi padre que no desfallecería en defender la verdad de un tiempo ya irreconocible tras décadas de manipulación de la izquierda consentida por la derecha", ha escrito, ante lo que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, le ha respondido: "Quizás consigan extinguir fundaciones, pero nunca extinguirán la verdad. Y la verdad siempre acaba triunfando frente a la mentira".

Por su parte, Vox se ha hecho eco a través de sus redes sociales del anuncio cargando contra el Ejecutivo: "A la conocida necrofilia de este Gobierno se le suma ahora la necesidad de tapar su corrupción política, la corrupción de la familia de Pedro Sánchez y su desastre económico que sufren los españoles. Por eso vuelven a utilizar el comodín de Franco", ha afirmado el partido de ultraderecha.

Las comunidades de PP y Vox que quieren derogar la Ley de Memoria

Precisamente, algunas comunidades de España gobernadas por PP y Vox han decidido romper con la ley de Memoria Democrática de 2019 que sustituía a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Baleares, gobernada por PP y Vox ha sido la última comunidad en dar el paso de querer derogar esta ley con 33 votos a favor, 22 en contra y una abstención, en medio de una gran polémica con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que rompió la foto de víctimas del franquismo.

De todas, Aragón fue la primera comunidad en dar ese paso el 15 de febrero. Sin embargo, en las últimas horas el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la aplicación de esa norma, admitiendo así el recurso presentado por el Gobierno de España.

Esa decisión ha puesto en guardia a otras dos comunidades autónomas: Castilla y León y Comunidad Valenciana que también, desde sus parlamentos autonómicos, han aprobado derogar esta ley de memoria democrática y en su lugar han aprobado las llamadas Leyes de la Concordia. Los textos de estas dos comunidades, sin embargo, no son muy diferentes al de Aragón.

Por último, a estas comunidades se suma también Cantabria, gobernada en solitario por el PP. En esta comunidad, en septiembre de 2023, Vox presentó una iniciativa para derogar la ley de memoria y salió adelante. De momento no hay un texto, pero aseguran que la norma prevé preservar las exhumaciones.