La dificultad para condenar a Marruecos por la entrada masiva a Ceuta pese a la "clara e indudable gestión favorecedora del proceso" que observa la jueza

La posible implicación de Marruecos en la llegada masiva de migrantes a Ceuta es una de las principales dudas que necesitan ser respondidas. El PP acusa a Rabat de instigar esta acción contra España, mientras que el Gobierno insiste en que "no hay evidencias sólidas" de su implicación, pese a la publicación de un somero informe de la Policía Nacional que señala al gobierno africano.

Para esclarecer todas las cuestiones relativas a esta crisis está la jueza María Tardón, que ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación de los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio. Si finalmente se apuntase a una responsabilidad del gobierno marroquí, ¿podría acabar encausado?

La respuesta corta es que no. La jueza Tardón ha abierto una investigación ante la denuncia interpuesta por Iustitia Europa por hechos que "podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos".

En su auto, al que ha accedido laSexta, recoge entre los indicios de la causa el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, según la jueza, "ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio".

Pese a todo, es probable que la causa se acabe archivando por falta de pruebas o porque no pueda sentar en el banquillo a nadie ante la imposibilidad de avanzar si Marruecos está realmente detrás.

La razón es que los jueces piden a las policías que investiguen y aporten todo lo que tengan, pero es una medida que solo pueden exigir a los cuerpos de seguridad de sus países. A la hora de investigar algo ocurrido en el extranjero, no se puede obligar a esos organismos.

España se podría acoger a un acuerdo de colaboración, pero, si realmente las autoridades marroquíes estuviesen implicadas, difícilmente colaborarían con la justicia española.

Posible hallazgo de pruebas

En caso de que España obtuviese pruebas fehacientes contra Marruecos, sí podría sentar en el banquillo a los presuntos implicados, ya que no se puede enjuiciar a un país como tal. Sin embargo, también es complicado que llegase a haber un juicio.

Si, por ejemplo, un ciudadano marroquí presuntamente hubiese inducido al cruce de la frontera, podría responder ante la justicia española con una extradición autorizada por Marruecos o tras ser capturado en un tercer país a través de una orden internacional de busca y captura. Con que Marruecos quisiera evitar su arresto o con que esa persona vigilase dónde viaja, podría evitar ser procesado en España.

Asimismo, en el hipotético caso de que se descubriese que la entrada masiva fue orden expresa del rey Mohamed VI, tampoco sería encausado en España, ya que, como jefe de Estado en ejercicio, tiene inmunidad.

Un país extranjero no le puede juzgar por un delito penal de este tipo y España tendría que buscar otras vías para intentar procesarle, pero sería extremadamente complicado.

¿Y Pedro Sánchez?

Quien sí podría acabar en el banquillo, aunque también es complicado, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su posible imputación no se puede descartar, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los delitos que va a investigar la jueza María Tardón es contra la paz y la independencia del Estado.

En principio, su investigación se va a dirigir contra los agentes marroquíes de paisano y uniformados que presuntamente guiaron la entrada de migrantes en Ceuta, pero no se puede descartar que en el desarrollo de la investigación pudieran valorarse también posibles negligencias del Gobierno, por ejemplo, al desoír los avisos o las advertencias.

En todo caso, si se quisiera actuar contra alguno de los ministros o contra el propio Pedro Sánchez, su condición de aforados obligaría a la jueza a enviar esta causa al Tribunal Supremo.