FIN A CASI TRES AÑOS DE MANDATO
Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado su dimisión tras su decisión del miércoles de paralizar el nombramiento del jefe de la Inspección y el jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Torres-Dulce alega "motivos personales" en su decisión aunque son sabidas las tensiones de máximo responsable del ministerio público con el actual ministro de Justicia Rafael Catalá y con el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón.
Eduardo Torres-Dulce ha dimitido por sorpresa de la Fiscalía General del Estado alegando “motivos personales”. Así se lo ha hecho saber al Gobierno que le nombró hace tres años a través del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Es la segunda dimisión de un fiscal nombrado por el PP bajo gobierno de misma sigla, tras la renuncia de Juan Ortiz en la etapa de José María Aznar.
Torres-Dulce ha gestionado su cargo desde un punto de vista crítico, protagonizando varios rifirrafes con el Gobierno de Rajoy. El fiscal siempre se ha exigido una mayor autonomía de la Fiscalía para reforzar su imparcialidad, haciéndose eco de una ciudadanía que considera inadmisible que la Justicia esté teledirigida desde el Ejecutivo, ideologizada o al servicio de concepciones políticas.
El fiscal ha denunciado además en varias ocasiones que la lentitud de la Justicia causada por los pocos medios con los que cuenta es el resultado de intenciones partidistas. "Nada de más recursos, pero sí exige rapidez", advertía Torres-Dulce, quien considera que existen indicios suficientes para investigar al PP por los papeles de Bárcenas.
Precisamente este caso es un ejemplo de los defectos que afectan al poder judicial. Tras varios años en la Audiencia Nacional el juez Ruz corre el riesgo de perder su plaza y la causa, una nueva demostración de que la injerencia política en la Justicia no permite garantizar la independencia de nuestros magistrados.
Fue muy comentada también su posición respecto a las tasas judiciales del ministro Gallardón y llegó a sugerir que se trataba de un impuesto inconstitucional. Era reacio a la política del anterior titular de Justicia, tampoco parece que sea el mejor aliado del actual ministro.
Su última polémica se enmarca en pleno debate por la soberanía catalana. Torres-Dulce señaló en su última comparecencia ante el Congreso que nunca fue un fiscal "proclive al Gobierno". Lo hizo en relación con la querella que pocos días antes, el 21 de ese mes, la Fiscalía presentó contra el presidente catalán, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera Irene Rigau, a los que acusaba de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación por "sobreponer su visión partidista" a la suspensión del 9N ordenada por el Constitucional.
La presentación de la querella se pospuso durante casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, mientras que desde la oposición política al Gobierno y los partidos proclives al soberanismo catalán se apuntaron posibles presiones sobre Torres-Dulce para que acusara a los convocantes de la consulta. Finalmente la querella se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).