El Consejo de Ministros aprobará en febrero la resolución con la fecha de exhumación de Franco

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado el "compromiso" de la Iglesia católica de autorizar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y le ha instado a "cumplir ahora la palabra dada".

"La Iglesia adquirió un compromiso que se hizo público, incluso en nota de prensa, de autorizar la exhumación de los restos. Pensamos que lo tiene que cumplir, que esa es su obligación, cumplir ahora la palabra dada de manera pública y expresa", ha asegurado.

La vicepresidenta ha hecho esta afirmación después de que el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, rechazara facilitar el acceso al Ejecutivo para la exhumación del dictador hasta que no se agote la vía judicial, ya que no hay acuerdo con la familia de Franco.

Así, ha dicho que la Iglesia —tanto en la reunión que mantuvo ella con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, como la Conferencia Episcopal—ha asegurado que "no habrá ningún obstáculo a que el Gobierno cumpla la ley para exhumar los restos de Franco".

"Lo han dicho públicamente. Pues bien, se trata de que cumplan la palabra dada en la colaboración en el cumplimiento de una ley del Estado español, nada más y nada menos", ha agregado.

Calvo ha señalado que el proceso de exhumación de Franco de la basílica benedictina del Valle de los Caídos donde está enterrado está "en el tramo final del procedimiento administrativo".

La familia de Francisco Franco se reafirma en enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena si se exhuman sus restos en el Valle de los Caídos y argumenta que la afluencia de público prevista no presentaría riesgos para la seguridad, porque sería muy inferior a la de los partidos de fútbol.

En el escrito de alegaciones finales al expediente de exhumación que ha presentado este martes su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, la familia Martínez-Bordiú Franco denuncia las "múltiples irregularidades" que presenta el proyecto gubernamental, así como "el incumplimiento por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria".

Según recalca en un comunicado, la familia reprocha a la Comunidad de Madrid "haber obviado la condición de cadáver embalsamado de los restos mortales" cuando, el pasado diciembre, la Dirección General de Salud madrileña contestó al Gobierno de Pedro Sánchez que la exhumación "no está sometida a ningún requisito administrativo sanitario".

Además de advertir de que el proyecto de exhumación incurre en "múltiples y graves incumplimientos de la legalidad urbanística", con "la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial", la familia Martínez-Bordiú Franco afirma que el procedimiento seguido es una "farsa administrativa" para dar "cobertura legal" a una decisión tomada de antemano por Sánchez.