El Gobierno defiende la devolución de 116 migrantes tras saltar la valla en Ceuta: "Es una situación legal y la violencia que se produjo es inaceptable"

El Gobierno ha defendido, en mitad de las críticas de partidos, sindicatos y ONG, la legalidad de su decisión de devolver a Marruecos los 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles, un suceso que el Ejecutivo ha tachado de "inaceptable" y que, ha advertido, no va a consentir más.

Advertencia que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que la expulsión de este grupo no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado "un solo ápice" su política migratoria.

Una política cuyos pilares son el respeto de los derechos humanos y de la seguridad de las fronteras y que siempre cumple escrupulosamente con la legalidad nacional e internacional, ha añadido. Lo ocurrido el miércoles, que ha tildado de "inaceptable", es "una situación completamente distinta" a las operaciones de salvamento en el mar, más aún porque los migrantes hicieron uso de "herramientas e incluso sustancias" con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil.

En su opinión, no es "aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", por lo que el Gobierno "no va a mirar para otro lado" en este asunto. "No es forma de tratar a nuestro país, de forma violenta", ha zanjado la vicepresidenta, quien ha asegurado que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y "agresiva" han sido atendidas "jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho".

Con todo, ha justificado la devolución de estas personas, todas ellas adultas puesto que los menores se han quedado "aquí y se les va a atender como les corresponde", porque obedece a un convenio bilateral de 1992 ya "utilizado en otras ocasiones", por el que Marruecos debe readmitir a los migrantes irregulares si se demuestra que han accedido desde su frontera a España.

Sin embargo, los 12 abogados que el pasado miércoles día 22 atendieron a los 116 migrantes que saltaron violentamente la valla fronteriza de Ceuta presentarán un recurso de alzada contra la aplicación del citado convenio para la devolución de estos a Marruecos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha exigido al Gobierno una política de inmigración "seria y eficaz" y ha asegurado que lo que se ha visto hasta ahora "son parches, rectificaciones, cambios de criterio y una política de inmigración totalmente demagógica e inconsistente".

El despliegue del Ejecutivo para atender y acoger migrantes ha sido defendido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha criticado la "inacción y la poca humanidad" del Ejecutivo del PP con estas personas durante años.

Pero diversas ONG han afeado el "cambio de estrategia" del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la inmigración y han recelado de la legalidad de esta expulsión, ya que sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se respetaran los derechos de los migrantes. Como Save the Children, que ha mostrado "sus dudas" de que se hayan podido identificar a menores de edad. "Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia", ha censurado el director general, Andrés Conde.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los migrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su "deportación express", ya que le preocupa que "lo que no hizo ningún Gobierno anterior se haya adoptado ahora". También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: "Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor", ha remarcado.

Otro medio centenar de organizaciones, como Cáritas, Red Acoge, Red Española de Inmigración o el Servicio Jesuita a Migrantes, han suscrito un manifiesto en el que censuran estas "devoluciones en caliente en diferido" con las que el Gobierno ha desvelado cuál es su verdadera política migratoria. Y le han instado a informar de la "contraprestación" económica que ha recibido Marruecos y a detallar el número de abogados de oficio, intérpretes y funcionarios policiales que han actuado y las actividades que se han llevado a cabo para identificar casos de vulnerabilidad o el listado de nacionalidades, entre otras cuestiones.

Estas ONG se suman así a las críticas que vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado "su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno español" pese a que "trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos". Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".

Desde Podemos, el diputado Chema Guijarro ha considerado "absolutamente escandalosas" las devoluciones colectivas y ha señalado que "difícilmente se pueden garantizar los derechos humanos" cuando se realizan "con tan poco tiempo de espera". UGT se ha sumado a la "preocupación y dudas" vertidas por las organizaciones humanitarias por la "celeridad en la sustanciación de los trámites" de expulsión, un hecho que ha calificado de "inusual" y que cree que debe explicar el Ministerio del Interior.

Por último, CCOO ha urgido la eliminación "inmediata" de las "devoluciones ilegales" en Ceuta y Melilla y también de las concertinas. "Es urgente el diseño de un plan de choque nacional y europeo de consenso con las fuerzas políticas y sociales, en un proceso abierto de diálogo social que consensúe todas las acciones de acogimiento", ha concluido.