El juez archiva la causa sobre Gallardón por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II

El juez del caso Lezo Manuel García Castellón ha archivado, a instancias de la Fiscalía, la investigación que abrió al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Efe después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, ministro de Justicia con Rajoy, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra por la que se desembolsó 73 millones de dólares.

Por el mismo motivo, y tal y como pidió Anticorrupción, García Castellón también deja fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino -considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica-, si bien ambos están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que seguirán imputados.

En un escrito de 12 páginas dirigido al juez, la Fiscalía pidió la semana pasada levantar la imputación en esta pieza de Lezo, la de Inassa, a 15 personas y procesar a otras 22, lo que ha asumido en su totalidad el juez.

De entre los 15 para los que pidió la Fiscalía el archivo, y que ahora acuerda el juez, figuran miembros del Consejo de Gobierno que aprobó esa compra como el exvicepresidente madrileño Manuel Cobo o Carlos Mayor Oreja, que también fue presidente del Canal de Isabel II (CYII).

De este modo, el juez procesa a los 14 miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se produjo la compra, entre los que destacan el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo; el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, y el socialista Agapito Ramos, consejero del Canal hasta 2015.

Según el juez y la Fiscalía, aprobaron la compra "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar", operación por la que también han sido procesado 5 trabajadores de Triple A de Barranquilla vinculados a Aguas de Barcelona (Agbar).

La adquisición de Inassa, "estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana WATCO", señala el auto.

Eso, agrega, provocó "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados -WATCO SA- que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica".

En esta misma resolución, el juez acuerda incorporar dos informes periciales aportados por la Fiscalía, "al ser una prueba relevante y necesaria" de esas irregularidades en la compra de Inassa.

En ese proceso, al que se vinculó el Canal asociándose con la empresa Tecvasa -sociedad en la que los investigados eran socios minoritarios- intervinieron, según el juez, el que fuera director económico y de desarrollo comercial del Canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, entonces subdirector de Nuevos Negocio.

Su actuación contó "con el beneplácito" de Arturo Canalda González -director gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001-", quien, conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación -la interposición societaria y el sobreprecio-, la presentó a los consejos de administración correspondientes para obtener autorización.

Por eso también fue decisiva la actuación de los miembros del Consejo de Administración del Canal, que autorizaron la compra en noviembre de 2001, "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".

Con esta autorización y la que obtuvieron del Consejo de Gobierno, López Heras, en representación de Canal Extensia firmó el acuerdo de compraventa, por el que se calcula que el Canal abonó indebidamente un importe comprendido entre 17 y 29 millones de dólares.