El juez investiga si se empleó a una trabajadora de Podemos para cuidar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias

El juez que investiga la financiación de Podemos ha aceptado la petición de que realizó la Fiscalía y ha abierto una línea de investigación para determinar si se pudieron destinar fondos del partido a la contratación de la cuidadora de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha abierto otras dos líneas de investigación a partir de la denuncia que realizó la abogada Mónica Carmona, despedida de Podemos.

La primera tratará de determinar si se pudieron desviar fondos de la formación a la Fundación Instituto 25M, dirigida por Juan Carlos Monedero; y la segunda para determinar si Pablo Iglesias pudo quedarse con costas procesales de procedimientos judiciales que había entablado la formación.

El juez ha desestimado, sin embargo, "el recurso de reforma interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Isabel Afonso Rodríguez, en nombre y representación del partido político PODEMOS, contra el Auto dictado en la presente causa en fecha 3 de febrero de 2.021".

Y pide investigar "la presunta utilización por Irene Montero Gil de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos", así como "la donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación de dicho partido político 'Instituto Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid" y "las donaciones efectuadas por dicho partido político a dicha Fundación".

Una resolución firmada con fecha del 8 de marzo y sobre la que Podemos tendrá cinco días para imponer recurso de apelación.

Otras líneas de investigación

Escalonilla ya archivó en octubre la causa por la supuesta administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido, atribuida al portavoz Rafael Mayoral por el exabogado de la formación morada José Manuel Calvente.

El juez reconocía en su auto que no hay pruebas de la llamada caba B del partido de Iglesias y señaló que los hechos "no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral".

"Ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad", apuntó el juez.

De momento se mantiene la investigación abierta por los contratos del partido de Iglesias con la agencia Neurona Comunidad.