Este es el programa electoral de Adelante Andalucía: las propuestas de Teresa Rodríguez

Desde que Teresa Rodríguez se saliera de Podemos y anunciara la creación de una nueva formación de izquierdas con marcado carácter andalucista, todas las miradas estaban puestas en ver qué programa electoral presentaría a las elecciones de este 19 de junio en Andalucía. Aquí lo tenemos.

El programa de la formación de izquierdas es bastante amplio: tiene casi 1.700 medidas y más de 300 páginas. Está dividido en varios bloques, con los que pretenden convencer al electorado de que opten por esta formación y no por su principal contrincante: Por Andalucía, la formación liderada por Inmaculada Nieto y que está conformada por varios partidos de izquierdas, entre ellos Izquierda Unida y Podemos (aunque este último solo como apoyo externo). Se llama 'Andalucía en defensa propia' y está compuesto por 11 puntos. Aquí resumimos las principales medidas.

Programa electoral de Adelante Andalucía

1.- Una nueva economía para la Andalucía que viene. Prometen ampliar las capacidades fiscales y de inversión y gasto público de la Junta, establecer un suelo mínimo de tributación para aquellos tributos en los que se ha experimentado competencia fiscal desleal entre CCAA (incluyen aquí el impuesto de sucesiones), y salir del Fondo de Liquidez Autonómica. Insisten en ir eliminando progresivamente medidas tomadas por el anterior Gobierno nacional de Mariano Rajoy.

También prometen reformar la cuota autonómica del IRPF, reforzando su progresividad y revisando beneficios y deducciones que favorecen a las rentas altas. Sobre el impuesto de sucesiones, prometen dejar un mínimo exento equivalente a 500.000 euros. Además, añaden que se garantizará el derecho al usufructo de las viviendas heredadas para menores de 18 años, personas con discapacidad y mayores de 70 años. Anuncian una "fiscalidad verde" y mayores impuestos a las emisiones de gases contaminantes y vertidos.

Una de las medidas más novedosas es el impuesto sobre la riqueza y la propiedad de la tierra: tendrá un mínimo exento de 500.000 euros y se le aplicará un tipo general de 1%, sin bonificaciones. Además, a partir de la quinta vivienda se aplicará un 1% adicional, y un 3% a partir de la décima vivienda. También impondrán un tipo adicional del 1% sobre la propiedad de la tierra de latifundios a partir de 100 hectáreas, otro 1% adicional en tierras subexplotadas y un 3% en tierras abandonadas. Estos impuestos se podrán pagar en forma de tierras, suelos o inmuebles que pasarán a ser públicos.

Con el objetivo de cambiar de modelo socioeconómico, abogan por la obligación de que la suma de inversión pública y privada en I+D+i sea del 2% del PIB en cinco años y del 2,5% en 10 años. Para esto establecerán ayudas públicas a sectores con potencial. En este sector hablan de la importancia de la universidad pública, en la que prometen reforzar su modelo público para evitar externalizaciones y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

También prometen establecer un plan de transición energética que busca la soberanía energética de los territorios y eliminar los gases de efecto invernadero. Aprobar la Ley de Banca Pública para otorgar créditos a proyectos que apoyen sectores estratégicos es otra de las promesas de esta formación.

En lo que respecta al turismo, abogan por un modelo inteligente que ayude a crear empleo de calidad. Quieren crear una plataforma pública de centrales de reservas turísticas. También quieren revisar el sistema de clasificación de alojamientos turísticos para ofrecer información sobre las condiciones de trabajo y la calidad del servicio, así como sus certificaciones de energía y sostenibilidad.

Sobre agricultura y ganadería, prometen una nueva ley que delimite márgenes comerciales, regule el uso de marcas blancas y el acceso a la tierra, así como subvencionar métodos para eliminar la dependencia de combustibles fósiles y fertilizantes químicos. Se evitará, también, el uso especulativo de la tierra y los recursos, especialmente del agua. Aquí tocan también el desarrollo urbano y rural, en el que hablan de planes para crear empleo rural y para el relevo generacional en el campo.

Pasando a la ganadería, abogan por que sea sostenible y extensiva. Sobre la pesca, prometen aprobar una ley para apoyar la pesca artesanal y sostenible, teniendo en cuenta también las condiciones laborales del sector. Quieren también reformar la política pesquera para solucionar la sobreexplotación de los recursos y alinearse con los organismos competentes para arreglar los conflictos en aguas marroquíes o gibraltareñas. En todos estos sectores hablan de elevar los niveles de industrialización y evitar deslocalizaciones.

El equipo de Teresa Rodríguez promete generar un consorcio público de minas que garantice un nivel de extracción de los recursos minerales vinculado a las necesidades de la economía andaluza, evitando así "su expolio por parte de multinacionales".

Sobre el empleo, quieren reforzar actividades económicas y sociales que son insuficientes (educación y sanidad públicas, etc,), así como crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas) y remunerar el trabajo de cuidados. Para ello, prometen un plan específico de empleo con, entre otras medidas, ampliar las bajas de maternidad/paternidad a un total de 18 meses y fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria.

2.- Bienes comunes: impulsar el patrimonio de las próximas generaciones. En este punto hablan de aprobar leyes para hacer frente a la emergencia climática, así como impulsar una transición energética justa y que en el año 2050 se haya logrado una reducción de los combustibles fósiles en un 65-80% respecto al consumo actual. A las políticas públicas verdes se les dará un mínimo del 2% del PIB cada año.

Prometen crear un cuerpo autonómico de agentes medioambientales y convocar al menos 500 plazas nuevas el primer año, hasta llegar a la ratio recomendada de 2200 plazas. También dicen que crearán el Servicio Meteorológico Andaluz y se prohibirá el traslado de material radioactivo. Sobre la contaminación ambiental, hablan de atender especialmente al Campo de Gibraltar y el Polo Químico de Huelva, con altos índices de mortalidad y morbilidad por cáncer.

Sobre el agua, prometen prohibir los cortes de suministro por razones económicas y defender la gestión exclusiva de las competencias del Guadalquivir por parte de Andalucía. Sobre este río, prometen anular el proyecto de dragado de profundización del estuario del Guadalquivir y ampliar la figura de reservas naturales fluviales en los ríos Genal, Hozgarganta y Río Grande. También quieren recuperar fuentes naturales, manantiales y sistemas históricos de regadío como las acequias milenarias de Andalucía Oriental en Sierra Nevada, Alpujarras y Vega de Granada.

En lo que respecta a la energía, quieren que en el año 2050 cerca del 100% del consumo sea de origen renovable, por lo que proponen crear una empresa pública para tal efecto y aumentar las inversiones. Eso sí, prometen prohibir la construcción de instalaciones de energías renovables a gran escala y en espacios protegidos como los que están dentro de la Red Natura 2000 o las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, entre otros. De hecho, prometen paralizar de forma temporal la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se diseñe el plan de áreas de exclusión.

Hablando de tierras, prometen crear un banco público para que jóvenes, mujeres y otros colectivos con dificultades puedan entrar al sector agrario. Además, paralizarán la venta de suelo público andaluz. También este partido deja clara su apuesta por la economía circular.

3. Unas instituciones limpias, sin privilegios y al servicio de la gente. Impulso de la ley de transparencia (también en lo relativo a sueldos y dietas), creación de una ley de lobbies, reducción del presupuesto de publicidad institucional y aumentar el personal y la potestad de la Cámara de cuentas. Establecer limitaciones salariales y temporales en la Junta de Andalucía y establecer un régimen de incompatibilidades que incluya la obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares de hasta segundo grado.

También insisten en mejorar la participación ciudadana a diferentes niveles, iniciando un proceso al año con cinco consultas populares. Para eso, destinarán un 1% del presupuesto anual del Gobierno de la Juna a estos procesos.

Sobre el personal público, prometen estabilizar al personal "en abuso de temporalidad", lanzando convocatorias extraordinarias de todas las vacantes para acceso a fijo. Dicen también que recuperarán los derechos del personal, como el de jubilación, y que habrá una bolsa abierta, permanente y única para sustituciones y vacantes.

4. Servicios públicos: derechos, no privilegios. Prometen una nueva ley de empleo público, que incluirá la jornada laboral de 32 horas, bajas maternales y paternales de 24 semanas para toda la administración y aumento retributivo del profesorado. Sobre el Infoca, prometen la dotación de efectivos mínimos, cubriendo a 12 meses todas las vacantes y estabilizando a 12 meses todos los contratos de personal indefinido no fijo discontinuo en abuso de temporalidad.

Sanidad: prometen mantener la titularidad pública de la gestión de los servicios que no han sido externalizados y proceder a la internalización de las concesiones vencidas. Fijarán por ley un suelo de gasto del 7% del PIB en sanidad, fijando el 20% para Atención Primaria y el 2% para Salud Pública. En lo que respecta al personal laboral, prometen mejorar la bolsa de empleo y las condiciones de trabajo, así como cumplir el ratio 1:1 en los equipos médico/enfermero en Atención Primaria.

También abogan por el desarrollo de un programa especial de contratación para zonas de difícil cobertura con déficits de personal y aumentar las inspecciones para revisar el cumplimiento de las incompatibilidades entre sector público y privado. Prometen estudiar las guardias de 24 horas para establecer una jornada laboral máxima de 12 horas.

Incluirán la salud ocular en el plan sanitario andaluz, se crearán unidades de endometriosis y se garantizará la atención a los abortos voluntarios gratuitos en todos los centros sanitarios. Prometen incluir a dietistas-nutricionistas en el sistema público y dar más medios a los y las fisioterapeutas. Sobre psicología, prometen también ampliar recursos en las unidades de salud mental y formar en esta área a los profesionales de Atención Primaria.

Educación: prometen incrementar un 16% la inversión, mejorar la climatización de los centros educativos y eliminar el amianto. Aumentarán los comedores y construirán nuevos centros escolares, haciendo obras de mejora o ampliación en los que haga fala. Se reducirán las ratios: 15 niños en el caso de Infantil y Primaria, 20 en la ESO, 25 en Bachillerato y 12 en la FP.

Quieren incluir la enfermería escolar en todos los centros públicos en una legislatura. Sobre los tutores en educación secundaria, prometen reforzar su figura con más horas de dedicación exclusiva, aumento del complemento salarial en al menos 200 euros y mayor valoración para el concurso de traslado.

Abogan por una escuela pública y laica, por lo que limitarán las horas lectivas de cualquier religión al mínimo exigido por la ley y aumentarán las plazas en centros públicos, revisando los conciertos. También prometen la gratuidad de las pruebas de acceso a la Universidad.

Vivienda: líneas de ayudas para quienes no puedan pagar las rentas de alquiler, creación de un fondo especial para crear soluciones habitacionales, ayudas para la adquisición de una primera vivienda y creación de una ley andaluza en la que se reserve en las nuevas construcciones al menos el 50% de la superficie para vivienda protegida. De esta, el 60% será para alquiler social.

Prometen una ley de vivienda digna en la que se paralicen desahucios a familias vulnerables, se regule el mercado del alquiler y se amplíe el parque público de vivienda.

Justicia: aumento de la dotación presupuestaria un 25% anual, modernizar las infraestructuras y abrir un debate para eliminar los aforamientos mediante reformas legales. Prometen "rescatar" los centros de internamiento de menores para la gestión pública y reforzar la figura de la Defensoría del Pueblo Andaluz.

Violencia machista: reforzar la asistencia jurídica a víctimas y garantizar la accesibilidad y cercanía de los juzgados de violencia sobre las mujeres.

Servicios sociales: sustituir la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMI) por una nueva renta de garantía de ingresos que sea compatible y se armonice con el Ingreso Mínimo Vital. Reforzar las plantillas de profesionales de Trabajo Social, con una ratio de 1 por cada 3.000 habitantes como mínimo.

En personas sin hogar, facilitarán su acceso a la vivienda y a la salud. También establecerán los protocolos de intervención y se crearán instrumentos necesarios.

Dependencia y personas con capacidades diversas: pondrán fin a la lista de espera de quienes han solicitado ayudas, aumentarán presupuestos y recuperarán paulatinamente la gestión pública de estos servicios. Apuestan por una ley de vida independiente para personas con diversidad funcional.

Radio y Televisión Públicas: garantizar pluralidad y neutralidad y proteger el sistema audiovisual andaluz, otorgando al Consejo Audiovisual poder sancionador. Garantizar una RTVA 100% pública y de gestión directa. Además, quien dirija la dirección será elegida por el Parlamento por mayoría de tres quintos. Prometen aumentar la producción infantil y crear un canal de 24 horas con información territorializada, así como la recuperación "inmediata" de Canal Sur 2 para contenidos culturales, deportivos, sociales, vecinales, etc.

Infancia, juventud y mayores: ayudas de 1.200 euros anuales por menor a cargo (hasta los 18 años), reducir un 40% los mejores en hogares con ingresos por debajo del nivel de pobreza. Prometen reforzar los servicios de atención a jóvenes con discapacidad y aumentar los profesionales que trabajan con menores no acompañados.

Prometen establecer un suelo de gasto del 1% de los presupuestos en políticas de juventud, apostando por planes integrales, y revisar el sistema de garantía juvenil. También quieren crear la Escuela Andaluza de Juventud y reforzar políticas de sensibilización de violencia machista. Abogan por que se pueda votar a partir de los 16 años y por crear un parque público de viviendas en alquiler para jóvenes, cuyo precio no podrá suponer más del 25% de sus ingresos. Llaman ‘Plan Milagro Almenara’ a su plan para recuperar el talento joven.

Sobre los mayores, abogan por incrementar el presupuesto en estas políticas de manera acorde al incremento de esta población. Aumentarán los servicios y beneficios de la Tarjeta JUNTA 65.

5. Feminismos y LGTBI: quieren una Consejería de Feminismos con rango de Vicepresidencia, así como asignar el 5% del presupuesto a políticas feministas. Plan de ayudas de hasta el 100% del alquiler a mujeres víctimas de violencia machista. También hablan de planes específicos para mujeres gitanas. En el caso de la comunidad LGTBI, además de apoyo, proponen políticas específicas.

6. Derechos de los animales. Cláusulas contra el abandono de animales, prohibición de luchas de animales o juegos con cerdos engrasados, lanzamiento de pavos, etc. No se podrá usar animales en carruseles ni en circos; tampoco el uso de palomas en festejos ni tener cetáceos en cautividad. Proponen la reconversión de zoos y acuarios en centros de conservación con la prohibición de cría y venta de animales.

Sobre la tauromaquia, a la que tildan de "atrocidad", dicen que apuestan por una transición hacia su desaparición. Por ello, prohibirán que entren menores de 16 años, que tengan subvenciones públicas y que se emitan en Canal Sur y en horario infantil.

7. Memoria histórica y democrática: elaborarán un censo oficial y completo de víctimas del franquismo, eliminarán los símbolos y vestigios que aún recuerdan y exaltan el franquismo, incorporarán esta temática al currículo escolar y elaborarán un plan de recuperación de la memoria histórica feminista andaluza.

8. Cultura andaluza e interculturalidad: gratuidad de los conservatorios oficiales, eliminación de IVA en instrumentos musicales para profesionales; rediseño de museos y yacimientos arqueológicos para que sean más disfrutables. Evolución a la ciudadanía de espacios inmatriculados por la iglesia católica, que además no podrá beneficiarse de subvenciones o inversiones públicas en bienes "ilegítimamente inmatriculados". Aumentar 40 millones en el presupuesto de la Consejería competente y crear un bono anual. También quieren crear una ley de Mecenazgo para incentivar la participación privada a diferentes escalas,

9. Cohesión territorial: reordenación de espacios naturales, urbanos e industriales, creación de una ley de movilidad sostenible con mejora de servicios de transporte público colectivo, en el que el ferrocarril se entiende como medio de transporte vertebrador de Andalucía. Hablan de prioridad en el eje Algeciras-Bobadilla y el Linares-Granada-Almería.

10. Derechos humanos y civiles, solidaridad, cooperación y pueblo gitano. Prometen crear la oficina de derechos humanos, dependiente de Presidencia, así como formación específica a cargos públicos, agentes de seguridad y ciudadanía en general.

Sobre migraciones, quieren frenar los recortes y mejorar la gestión, así como defender y apoyar a ONG que salvan vidas en el mediterráneo y mejorar las políticas de asilo a refugiados o migrantes.

Impedirán que Andalucía sea "punta de lanza" de las operaciones militares de la OTAN con la instalación del escudo naval antimisiles o manteniendo las bases en territorio andaluz. Además, destinarán a Ayuda al Desarrollo el 0,7% del presupuesto y un 1% en la próxima legislatura.

Sobre el pueblo gitano, prometen vigilar y combatir la vulneración de sus derechos fundamentales, así como difundir la cultura gitana y combatir la segregación escolar.

11. Renta Básica. Un nuevo horizonte. Defienden esta medida como una forma de garantizar un suelo por debajo del cual ninguna persona considerada ciudadana de pleno derecho podría encontrarse. Explican que la integrarían en un programa económico acorde y que en Andalucía se impulsaría como proyecto piloto entre 2022-2025. En él participarán 5.000 personas que recibirán entre 700 y 900 euros mensuales.

Lee aquí el programa completo de Adelante Andalucía