El Gobierno reivindica la ley de vivienda y rechaza que las CCAA la usen para "hacer política contra la gente"

El Gobierno de coalición confía en que una de las medidas estrella de su legislatura, la ley de vivienda, suponga un punto de inflexión previo a la intensa carrera electoral que se avecina por tomar los gobiernos de ayuntamientos y juntas autonómicas. Tal parece ser el propósito de un Ejecutivo que quiere sacar todo el rédito político posible de una norma que, pese a todo, genera grandes dudas por su aplicación en territorios no gobernados por socialistas o corporaciones a su izquierda. Aun así, el lema está claro: "Tener casa va a ser un derecho y no un sueño inalcanzable".

Así se ha expresado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista concedida al diario '20minutos', donde ha puesto en valor la puesta en marcha del plan para sacar adelante hasta 50.000 viviendas de la Sarebcon el que fomentar la vivienda pública en todo el país, especialmente en las zonas tensionadas: "Pondremos 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades, impulsaremos la vivienda social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoveremos la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos de Sareb".

Ahondado en la cuestión, Bolaños ha insistido, por un lado, en la "tranquilidad" que dará a los inquilinos saber que "no va a haber una subida de los alquileres en las zonas tensionadas", sino que serán "incrementos previsibles y razonables"; por otro lado, en los "beneficios para todas las partes" que registrará esta ley, destacando los "beneficios fiscales" que podrían recibir los grandes propietarios, con "bonificaciones que van del 70 al 90% por alquilar pisos a jóvenes menores de 35 años, o por alquilar en zonas especialmente tensionadas a precios razonables".

Sobre la duda que arroja esta ley, su propia aplicación en según qué territorios, Bolaños se ha limitado a decir que "esta es una ley muy respetuosa con las competencias autonómicas y municipales", advirtiendo de que, por ejemplo, "los municipios tendrán la posibilidad, a través del IBI, de establecer distintos gravámenes a los pisos vacíos, que no salen al mercado y, por lo tanto, encarecen los precios de esa zona porque hay menos oferta". Y ha dejado un recado importante a la derecha: "No contemplo que vaya a haber alguna comunidad autónoma que perjudique a propietarios, inquilinos y jóvenes por no aplicar una ley estatal para hacer política".

Alegres en el PSOE; cautos en Unidas Podemos

El titular de Presidencia no ha sido el único dirigente del Gobierno en expresarse sobre la cuestión de la vivienda. También lo ha hecho la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegurando que el objetivo del parque público de vivienda marcado por el Gobierno se ha ido ampliando por "la necesidad de vivienda pública que hay en este país", y por lo que los departamentos implicados deben "marcar objetivos más ambiciosos" frente al legado heredado por los populares, que ha criticado: "Cuando nosotros entramos en el Gobierno con un presupuesto del PP, la cantidad que se destinaba a vivienda era 425 millones de euros y en la actualidad, en 2023, destinamos casi 3.500 millones de euros".

"Creemos que este proyecto está dando los frutos, pero las viviendas no se construyen de un día para otro y lo que estamos haciendo es movilizar todos los activos que tenemos, también negociando con el sector privado, para que construya vivienda pública y vivienda de alquiler asequible y diferentes programas que tenemos en marcha", ha precisado Sánchez, insistiendo de que se ha partido de una situación "dramática" al respecto: "En este país construimos durante muchos años vivienda pública, pero las políticas del PP dieron lugar a especulación, a un 'boom' inmobiliario, a la venta de vivienda pública a fondos buitre".

A partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo: alcanzar en un plazo aproximado de 20 años ese objetivo del 20% de vivienda pública en España", ha apuntado la ministra de Transporte, reconociendo que se trata de "un objetivo ambicioso" al que no se llegará "en un par de años", pero que al menos ya mejora "la situación de la que partíamos, exigua, ínfima". Así, ha reivindicado que "la ley de vivienda prohíbe la venta de vivienda publica" frente a la posibilidad de que se produzca "especulación inmobiliaria, operaciones en las que los precios de los alquileres no están sujetos a ningún tipo de control o análisis".

"Intentamos acotar y limitar ese margen de discrecionalidad, ese margen de arbitrariedad que, de hecho, no permite que la mayoría de ciudadanos puedan iniciar ese proyecto de vida porque se ven privados de la posibilidad de tener una vivienda digna", ha subrayado la ministra, asegurando que esta es una ley que "no va contra nadie, sino que va a todo el mundo" y concluyendo, en lo relativo a esta cuestión, que se necesita al sector privado "para que se animen a construir vivienda pública", pero también "condiciones que establezcan un marco que garantice el acceso a la vivienda que está recogido en la Constitución".

Sin nuestra presencia en el Gobierno, nunca hubiese habido una ley de vivienda. La ciudadanía es plenamente consciente quién ha defendido esos intereses"

También -aunque de forma muy breve- Nadia Calviño se ha sumado a la ola de reivindicaciones del ala socialista del Ejecutivo sobre las consecuencias positivas que prevén traerá el plan de vivienda pública impulsado desde el Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, advirtiendo que, además de la nueva estrategia que plantean efectuar con la Sareb, ya se está "llegando a acuerdos con Comunidades Autónomas para movilizar los suelos; no solo para vivienda, sino para otros usos sociales". En este sentido, sí ha revelado que los acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos para poner a disposición de personas vulnerables alquileres asequibles de viviendas de la Sareb no estarán condicionados a que pertenezcan a "zonas tensionadas" de precios.

Más cautos, sin embargo, se han mostrado en el ala más izquierdista del Gobierno, que aun así han celebrado también los efectos que tendrá la norma de vivienda. "Estamos satisfechas de que, habiendo sido la negociación más difícil de la legislatura, haya salido adelante, y ahora con ganas de revalidar gobiernos autonómicos para que se regularice el precio del alquiler", ha apuntado la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegurando que ahora la derecha "tiene dificultades para explicar por qué no van a apoyar" esta ley de vivienda: "García Albiol reguló los precios en su municipio. El PP tendrá dificultad de explicar por qué en Madrid no bajan precios y en otras comunidades sí. Siempre están atrás en avances en derechos sociales".

Belarra ha sacado pecho además del papel decisivo que, según ha apostillado, ha tenido Unidas Podemos en esta negociación: "Sin nuestra presencia en el Gobierno, nunca hubiese habido una ley de vivienda. La ciudadanía es plenamente consciente quién ha defendido esos intereses". Ha confesado, no obstante, que no tenía constancia del anuncio que realizó el presidente Sánchez a propósito de las 50.000 viviendas de la sareb: "No lo conocía, pero responde a lo que reclamamos desde hace años. Hay compañeros que dicen que lo hace por electoralismo, me da igual el porqué".