Las empresas que incorporen mujeres a los consejos de administración tendrán una rebaja fiscal

El objetivo de esta intención es "incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en dichos órganos de decisión" e incorporar "la perspectiva de género" a este tributo. En el proyecto de ley presentado este lunes el Gobierno no ofrece más detalles acerca de cómo se desarrollará esta nueva deducción.

En la rueda de prensa convocada para presentar el proyecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que las empresas podrán deducirse el 10% del salario de las mujeres directivas que incorporen a sus consejos de administración.

Por su parte, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha destacado que la intención es redactar un nuevo artículo en la Ley del Impuesto de Sociedades en el que se incluirá esta deducción destinada a todas aquellas "entidades que incrementen el número de mujeres" en sus consejos de administración.

Según ha incidido la ministra, "es habitual la imagen" del consejo de administración sin mujeres. En este escenario, el Gobierno quiere aplicar esa medida, con el objetivo de las compañías aumenten "el número de mujeres en sus consejos de administración hasta cumplir" con el artículo 75 de la ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dicho artículo establece que las empresas procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada.

En el anteproyecto presentado este martes se destinan 26,5 millones de euros para el programa 'Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres' gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO).

Además de financiar la ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas con 302 millones de euros, el Gobierno ha aumentado en un 20,7% el presupuesto para el Instituto de la Mujer con respecto a 2018: el pasado año este órgano recibía 19,8 millones frente a los casi 24 millones de ahora. Según sostiene el Gobierno en el proyecto de ley, estos PGE "avanzan en la presupuestación con enfoque de género, con la ampliación del número de programas de gasto que se analizan en el Informe de impacto de género que los acompaña, hasta superar el 80 por ciento".

En este sentido, se realiza un cambio normativo para incluir entre la documentación complementaria que debe acompañar al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado el Informe de impacto de género.

Para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento en 2017 se destinan 220 millones de euros. Así, el Gobierno refleja 20 millones de euros más para los ayuntamientos, tal y como prometió en la primera reunión sectorial de igualdad del pasado verano.

Además, el proyecto de ley prevé actuaciones para la prevención integral de la Violencia de género, una partida dotada con 185 millones de euros. Con respecto al año pasado, esta partida se ha visto notablemente incrementada ya que en el proyecto de ley de 2018 se situó cerca de los 40 millones de euros.

En esta dotación figuran distintos créditos para transferencias a comunidades autónomas (112 millones), transferencias a entidades locales por 40 millones de euros como consecuencia de la devolución de competencias a las mismos para tratar a las víctimas de violencia de género; y otros 14 millones para familias e instituciones sin fines de lucro.

En cumplimiento con el Pacto de Estado, se destinan recursos presupuestarios a Justicia, entre otras medidas, dedicará a incorporar la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia, integrando transversalmente el principio de igualdad y formando a los operadores jurídicos en esta materia.

Según precisa, se financiarán la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en Nuevas plazas para la Administración de Justicia, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

Respecto a Interior, su presupuesto pretenderá potenciar, entre otras cosas, la coordinación y puesta en común de bases de datos con la Secretaría de Estado de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, quiere promover iniciativas y medidas para un mejor conocimiento del fenómeno de la violencia de género con criterios de I+D+i.

Entre la batería de medidas destinadas a cumplir el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se prevé la realización de la Macroencuesta de violencia de género, dotada con 400 euros, según se refleja en el proyecto de ley de los PGE.

El Gobierno incluye una transferencia de 4,9 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para mejorar la protección no contributiva de orfandad para los hijos de las víctimas de violencia de género. Esta cuantía ya estaba recogida en los presupuestos del ejercicio anterior.