Sentencia del Supremo
ERE de Andalucía: así quedan las condenas tras la decisión del Supremo
La sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo confirma la mayoría de las penas que estableció la Audiencia Provincial de Sevilla, pero introduce cambios. Así queda el panel de las condenas por los ERE en este momento.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tendrá que ingresar en prisión definitivamente por el caso de los ERE de Andalucía. Así lo ha confirmado este martes el Tribunal Supremo, que ha dado a conocer elfallo de la sentencia que ha estimado los recursos de casación interpuestos tras la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019.
Dicha sentencia, que anula la anterior, viene a confirmar la pena impuesta contra Griñan que le condenaba a seis años de prisión, así como la de Manuel Chaves, inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público. La nueva sentencia confirma la mayoría de las condenas que imponía la anterior, aunque hay cuatro de ellas que modifica. Así quedan, por tanto, las condenas por el caso de los ERE de Andalucía, que han juzgado la creación de un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales en el seno de la administración andaluza:
Presidentes de la Junta de Andalucía
- José Antonio Griñán: condenado a 6 años de prisión y a 15 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
- Manuel Chaves: 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Otros altos cargos
Además de los dos expresidentes, se enjuició a seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y otros 14 ex altos cargos.
- Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia: 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo: 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta de 19 años y 6 meses por prevaricación y malversación.
- Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda: 9 años de inhabilitación por prevaricación.
- Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, y José Antonio Viera, exconsejero de Empleo: 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por prevaricación y malversación.
- Carmen Martínez Aguayo, exconsejera y exviceconsejera de Economía y Hacienda: 6 años y 2 días de prisión y a unainhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años y dos días por malversación.
- Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo: 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación.
- Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días, por prevaricación y malversación.
- José Salgueiro (exviceconsejero de Economía y Hacienda), Antonio Vicente Lozano (exdirector general de Presupuestos) y Juan Francisco Sánchez: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
- Miguel Ángel Serrano, exdirector general de IFA/IDEA: 6 años y 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día por prevaricación.
- Jacinto Cañete, exdirector general de IDEA: 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación.
Penas modificadas
La sentencia del Supremo introduce cambios con respecto a la anterior en cuatro de los condenados.
Así, el tribunal ha absuelto a Javier Aguado (ex secretario general de Empleo), a Juan Sánchez (ex secretario técnico de Empleo), y a Lourdes Medina, ex secretaria general técnica de empleo, de los delitos de prevaricación administrativa.
También ha rebajado la condena al exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, que se queda con tres años de prisión y siete de inhabilitacion absoluta por sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
Uno de los condenados con la pena más alta fue el fallecido Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, que fue condenado a 7 años y medio de prisión y a una inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años por prevaricación y malversación.
El Tribunal Supremo ha confirmado esta sentencia con los votos de tres magistrados frente a dos discrepantes, cuyos argumentos se conocerán más adelante.