España ofrece pagar los costes de hacer oficial el catalán el euskera y el gallego en la UE

Pese a que el Gobierno de España se ha ofrecido a sumir el coste del uso del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, no parce que este martes, cuando lo discutan los ministros en Bruselas, se vaya a dar un dictamen al respecto.

Y es que los países de la Unión Europea han pedido este viernes a España un dictamen de los servicios legales del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento de estas lenguas cooficiales.

En un debate a nivel de embajadores para preparar el encuentro del martes, una gran mayoría de países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión hacia los intereses de España, pero también han planteado muchas "dudas" respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la UE, introdujo en la agenda de los ministros europeos el martes un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre lenguas oficiales, con la intención de que el asunto fuera sometido ese mismo día a la votación del bloque. Sin embargo, varios diplomáticos consultados apuntan que nadie comparte el "sentido de urgencia" que traslada España a sus socios, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión.

Hay países indecisos

Suecia ha sido el primer país en mostrar públicamente sus reticencias. Este miércoles pedía examinar "más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta".

Ahora también Finlandia ha advertido de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.

Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como "articular" la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.

Mientras, para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos.

No obstante, hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.

Cabe destacar también que España no es el único país con lenguas minoritarias en su territorio y a otras delegaciones les preocupa que abrir este debate puede generar un efecto llamada que despierte reivindicaciones similares en otras regiones.