La exconsejera Carmen Martínez Aguayo, primera condenada por los ERE que entra en prisión

La exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, Carmen Martínez-Aguayo, condenada a seis años de cárcel por malversación, ha ingresado en la cárcel para cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de la pieza política de los ERE falsos, según ha informado a laSexta Instituciones Penitenciarias.

La Audiencia Provincial de Sevilla emitió el pasado día 22 una providencia en la que le daba 10 días para que, de manera voluntaria, ingresara en el centro penitenciario que ellos eligieran. Esa misma providencia también afectaba al expresidente José Antonio Griñán, pero su defensa mandó unas alegaciones a la Audiencia Provincial 24 horas después. Aseguraban que tenía una enfermedad sobrevenida, un cáncer, y pedían la suspensión de su entrada en prisión. Ahora se está a la espera de que un médico forense analice toda la documentación que ha mandado la defensa del expresidente y decida el tribunal si entra o no en prisión.

Por tanto, de momento el único exalto cargo que ha entrado en prisión es Carmen Martínez-Aguayo, médico de profesión, viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y consejera de Hacienda entre abril de 2009 y septiembre de 2013, y que fue condenada a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por prevaricación y malversación.

Cuando la jueza instructora del caso ERE Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán, Martínez Aguayo asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos. Martínez Aguayo defendió que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General de la Junta de Andalucía por lo que "no alertó" a su entonces superior, José Antonio Griñán, alegando que los reparos estaban relacionados con el pago de las ayudas a la partida presupuestaria 31L.

La sentencia contra Martínez Aguayo sostiene que intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009, en los que se incluyó el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L "a sabiendas" de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. De la misma forma, recuerda que perteneció al Consejo Rector de IDEA, lo que le permitió tener conocimiento de la existencia del convenio marco de julio de 2001, en virtud del cual se suscribieron los convenios particulares, y que las transferencias de financiación al IFA-IDEA, era para el pago por ésta de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo.