El exconsejero Alfredo Prada, condenado a siete años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Así lo ha decidido el tribunal por los 24 contratos adjudicados por un total de 40 millones de euros en la construcción del Campus de la Justicia de la popular Esperanza Aguirre entre los años 2005 y 2011. Cantidad con la que tendrá que indemnizar al gobierno regional que ahora dirige Isabel Díaz Ayuso.

Para la Sala, la participación de Prada está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos, sino también porque tiene una implicación decisiva en la elección de los adjudicatarios a la hora de prescindir del procedimiento administrativo. En esa línea, sentencia explica que fue él quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.

Una justificación no tanto en referencia al indudable prestigio mundial del estudio de arquitectura como al coste que esa contratación suponía para las arcas públicas. A pesar de haber contado en su momento con el apoyo de todo el Consejo de Gobierno en este punto, la contratación de Foster & Partners se llevó a cabo sin tener en cuenta tampoco el coste añadido de los consultores con los que trabajaba el estudio de arquitectura.

La sentencia relata que tras la contratación, la actividad se centró en la promoción del proyecto del Campus y en especial del proyecto de Foster & Partners. "La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y la Consejería de Justicia de Madrid empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos", dice el escrito.

Cuatro condenados más

Asimismo se condena por el mismo delito a penas de tres años y seis meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto al considerarlos el tribunal cooperadores necesarios, pues eran miembros de la mesa de contratación. Se trata de la director general técnico, Isabelino Baños; el director financiero, Alicio de las Heras; el director del área de Seguridad, así como al letrado asesor del proyecto, Félix José García de Castro.

Todos ellos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá de forma civil por dicha cantidad Félix García de Castro. Por otro lado, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, al tiempo que se les ha absuelto del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y la Comunidad de Madrid

Por su parte, el sexto acusado en esta causa, Mariano José Sanz -era el subdirector general técnico-, ha resultado absuelto al entender el tribunal que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

Un gasto "excesivo", "sin límite" y una malversación de "suma gravedad"

El principal argumento del tribunal para condenar a los acusados por prevaricación es que llevaron a cabo una intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes y eludieron los controles administrativos. De hecho, la Sala señala que este gasto "excesivo" y "sin límite", además de otros "superfluos" e "inútiles", fueron "en gran medida" la causa del "fracaso" del proyecto que dejó un agujero millonario en las arcas regionales madrileñas.

Prueba de ello es que los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal, para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto era más el de publicitar el proyecto del Campus, y en especial el proyecto encargado a Foster & Partners, que en la propia ejecución del proyecto.

Unos contratos "que en nada benefician el objeto social por múltiples razones". Entre ellas, el tribunal destaca la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto, así como su excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de Foster & Partners y sus consultoras sin contrato.

Respecto al delito de malversación, la Audiencia se basa en doctrina del Tribunal Supremo para aplicar el subtipo agravado al tener en cuenta el valor de las cantidades sustraídas y el daño causado al servicio público que considera de "suma gravedad".

En esa línea, la sentencia de 214 páginas hace referencia al contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio (Buro Happold, Gleeds Ibérica, The Bank) cuyos servicios supusieron un coste de más de 13 millones de euros. Un agujero al que se le suma el correspondiente a los otros 23 contratos enjuiciados, cuyo total roza los 40 millones y medio de euros.

Monto que se considera de "extraordinaria relevancia", puesto que "la urbanización y edificación de una ciudad judicial que albergara todas les sedes judiciales de la capital" que se presentía "nunca se logró culminar", reza el texto. De hecho, se subraya que "a día de hoy esa ciudad judicial sigue sin existir", ya que "solo se logró edificar el inmueble que debía ser la sede del Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se completó, y parte de los túneles de conexión entre los distintos edificios".