Contratos públicos
El exdirector de Carreteras recibió un pago de 25.000 euros de una constructora vinculada al caso Koldo tras llevarse un contrato de 92 millones
Entre líneas Anticorrupción recuerda que cuando se dio la adjudicación de dicha obra, Herrero envió un mensaje a Koldo que decía: "Bingo!!! En Logroño".
Resumen IA supervisado
El juez Ismael Moreno investiga un presunto caso de corrupción en la adjudicación de obras públicas, destacando un pago de 25.000 euros al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, por parte de una constructora ligada a un contrato de 92 millones. La investigación, impulsada por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, examina la posible canalización de fondos a través de empresas como Ferrovial y Aquaterra. Acciona, implicada en el caso, ha presentado un informe interno que destaca irregularidades en la prestación de servicios por parte de Servinabar. Aunque Acciona asegura que no se comprometió dinero público, señala dificultades para verificar la legitimidad de ciertos servicios facturados.
* Resumen supervisado por periodistas.
El ex director general de Carreteras, Javier Herrero, recibió un pago de 25.000 euros de una constructora que se llevó un contrato de 92 millones, según desliza el juez que investiga la causa de las obras presuntamente amañadas por Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez Ismael Moreno pone el foco en el posible uso de terceras empresas que concurrían a concursos con Acciona, entre ellas Ferrovial, "para canalizar fondos" que podrían haber ido a parar al bolsillo de los investigados.
A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, solicita a más de una treintena de entidades bancarias información de un conjunto de cuentas relacionadas con varias empresas.
Entre las empresas mencionadas se encuentra Aquaterra Servicios Infraestructuras SL. En este sentido, Anticorrupción destaca que Javier Herrero tenía una cuenta de correo en la constructora Aquaterra, que se hizo con el contrato de 92 millones de euros de la variante de Logroño y una de las que Moreno pide información, pese a que no consta que tuviera responsabilidades en ella.
La obra de la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, fue adjudicada el 11 de septiembre de 2019, momento en el que Herrero era director general de Carreteras, por 92.416.975,61 euros a la UTE formada por Acciona y Aquaterra. Según ha hallado la UCO, posteriormente a esta adjudicación, Herrero recibió un pago de 25.440 euros de esta misma empresa.
Una vez recibida dicha transferencia, Herrero pasó 12.500 euros a otra cuenta de su propiedad en la que tiene dos recibos de autónomo domiciliados con un concepto muy genérico.
Asimismo, Anticorrupción recuerda que Herrero envió a Koldo un mensaje de "¡bingo!" cuando se adjudicó este contrato. Concretamente, indica que el 22 de abril de 2019 ambos mantuvieron una conversación a través de WhatsApp en la que Herrero le dijo: "Bingo!!! En logroño".
En este sentido, en las conversaciones grabadas por Koldo, éste mencionó en varias ocasiones que Ábalos habría cobrado dinero a través de Cerdán derivado de adjudicaciones de obra pública.
Acciona aporta un informe a la causa
Por otra parte, Acciona ha remitido a la Fiscalía un informe fruto de una investigación interna realizada sobre su relación con Servinabar o con sociedades que pudieran tener que ver con esa empresa o con su administrador.
La compañía sostiene que, en general, la prestación de los servicios de Servinabar a Acciona aparece debidamente formalizada, mediante la aportación de trabajadores u otro tipo de colaboraciones, sin que se realizasen pagos en efectivo, sino mediante operativa bancaria.
Pero sí comunica a Anticorrupción dos casos en los que "no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar", en concreto la integración del ferrocarril en Sant Feliú y la UTE de la Variante de Logroño.
En ambos casos, se habrían observado las formalidades y trazabilidades para que no se detectase "el irregular modo de proceder", de tal manera que "el modus operandi empleado resultó indetectable -e indetectado-".
La empresa matiza que se trata de una investigación limitada "a los medios de los que dispone la compañía" y que "no ha tratado de averiguar, por carecer de potestad para ello que pudiera ser efectiva", si alguno de sus empleados o exempleados han podido enriquecerse mediante de cantidades que podrían haber sido detraídas de la compañía.
En ese sentido, recalca que en todo caso no habría quedado comprometido dinero público, sino de la propia Acciona Construcción.
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