IMPUTADA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
Magdalena Álvarez defiende la legalidad de las ayudas de los ERE en su etapa como consejera
Magdalena Álvarez ha defendido la legalidad de las ayudas investigadas ante la juez Alaya tras haber sido imputada junto a otros 19 altos cargos por prevaricación y malversación de fondos en el caso de los falsos ERE. Su defensa recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla alegando que los delitos estaban prescritos, sin embargo, la Fiscalia Anticorrupción ha desestimado el recurso.
La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez ha defendido la legalidad de las ayudas investigadas en los ERE falsos y ha dicho que las transferencias de financiación eran una trasposición de normas estatales. Abogados personados en la causa han indicado a los periodistas que la juez instructora, Mercedes Alaya, ha imputado a Álvarez presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Los citados letrados han afirmado que la declaración se está desarrollando de una manera tranquila y Magdalena Álvarez está oponiéndose a muchas de las afirmaciones de la juez intentando explicar por qué las partidas no son según entiende Alaya. En el caso concreto de las llamadas transferencias de financiación, que la Junta utilizaba para pagar las ayudas investigadas, Magdalena Álvarez ha afirmado que se trataba de una transposición de normas estatales y se utilizan en muchas otras comunidades autónomas.
El abogado de la exconsejera, Horacio Oliva, ya había recurrido directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos estaban prescritos, por lo que su imputación "resulta manifiestamente infundada" y "no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad", según se recoge en el recurso.
El pasado 19 de septiembre la Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de la exministra en un escrito en el que defendió la legalidad del auto dictado por la juez instructora, con los mismos argumentos que utilizó para oponerse al que presentó la Junta contra la imputación de 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz.
El pasado 2 de julio, Alaya emitió un auto en el que imputó en el caso de los ERE fraudulentos a Magdalena Álvarez, que fue consejera andaluza de Economía durante diez años, y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez Martínez.
La juez señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez.
Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y 2004.
La juez Alaya reiteró la semana pasada su creencia de que el sistema de los ERE fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado, ya que considera que el procedimiento respondía a una decisión política y que se creó "indiciariamente, en vía presupuestaria".