Junto al hijo del exministro
La exnovia de Ábalos da un manotazo a una reportera de laSexta en su visita a Soto del Real
¿Qué ha pasado? Víctor Ábalos y Andrea de la Torre han llevado ropa al exministro en la cárcel. En su llegada no han hecho declaraciones. "Y menos a laSexta", ha apuntado ella.
Resumen IA supervisado
Víctor Ábalos y Andrea de la Torre visitaron a José Luis Ábalos en la cárcel de Soto del Real para entregarle ropa térmica debido al frío que sufre. El exministro ha recurrido su ingreso en prisión, alegando falta de pruebas y riesgo de fuga, y denuncia una vulneración de sus derechos políticos. En su recurso, Ábalos critica a Víctor de Aldama por acusaciones infundadas sobre pagos a Koldo García. La defensa sostiene que las declaraciones de Aldama carecen de corroboración y cuestiona la decisión del juez, que envió a Ábalos a prisión por riesgo de fuga ante el juicio por presuntos amaños en contratos públicos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, y Andrea de la Torre, expareja de quien fuera ministro de Transportes, han acudido a Soto del Real, al lugar donde el exsecretario de organización del PSOE se encuentra en prisión, con dos bolsas de gran tamaño para "entregarle la ropa".
Así lo han captado las cámaras de laSexta. Así han llegado tanto el hijo como De la Torre, quienes han expresado que no iban "a hacer declaraciones". "Y menos a laSexta", ha apuntillado ella dando un manotazo al micrófono y a la mano de la reportera.
Cabe recordar que el exministro había pedido ropa térmica ante el frío que estaba pasando en la cárcel de Soto del Real.
Mientras, Ábalos ha recurrido su ingreso en prisión alegando "ausencia de indicios". Así lo ha expresado en su recurso, en el que dice que hay "ausencia de riesgo de fuga" y además una "vulneración del derecho de representación política y uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal".
"Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia", ha expuesto en redes.
En el recurso al que ha tenido acceso laSexta, el que fuese ministro ha acusado a Víctor de Aldama de "fabular" al decir que Koldo García cobraba de él 10.000 euros al mes.
"No existe ninguna evidencia para vincular a nuestro representado con el supuesto pago de 10.000 euros mensuales que dice que recibía Koldo García, como interpreta la UCO y ahora el instructor, concediendo credibilidad al imputado Aldama que se caracteriza por sus fabulaciones", destacan en el recurso.
En ese sentido, ponen de ejemplo su "supuesta intermediación en la compra de un local en Valencia", en el que aportaba un correo del 3 de abril "cuando la transacción y el contrato de arras se cerró en marzo".
La defensa del exministro ha expuesto que las declaraciones de Aldama "carecen de corroboración patrimonial alguna, y los datos parciales que maneja el instructor para acordar sus resoluciones, la última, al de prisión, son contradichos de forma absoluta por los datos obrantes en la misma causa y que son silenciados por el propio instructor".
En cuanto al riesgo de fuga, los abogados de Ábalos niegan que exista y consideran que el juez ha minusvalorado "la realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos.
"Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho", sostiene el recurso.
En este contexto, su defensa asevera que "cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido".
Fue el jueves 27 de noviembre cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar al exministro Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.
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