Expedientan a tres guardias civiles tras las amenazas de derramar sangre contra la ley de amnistía

El Ministerio del Interior ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a tres guardias civiles a los que se ha abierto un expediente por falta muy grave por sus comentarios en los últimos días contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y la negociación de la futura ley de amnistía. El director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, comunicó este lunes formalmente a los tres agentes la apertura de estos expedientes disciplinarios que conlleva mientras se resuelvan la suspensión cautelar de sus funciones.

Dos de los agentes expedientados son el presidente y vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) por el comunicado remitido el pasado viernes en el que se mostraban "dispuestos a derramar hasta la última gota" de su sangre en defensa de la soberanía de España y de la Constitución.

En el comunicado en el que Aprog indica su malestar con el acuerdo entre PSOE y Junts, que contempla la amnistía de los delitos del "procés", los guardias civiles destacaban que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana.

El tercer agente expedientado es Agustín Leal, el portavoz de Jucil, la asociación mayoritaria dentro del cuerpo, por un mensaje que publicó el pasado 29 de octubre en la red social X, en el que acusaba al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer "la mayor felonía" por su plan de amnistiar a los dirigentes independentistas catalanes procesados.

Este martes, Jucil ha difundido un comunicado en el que insiste en la necesidad de mantener y respetar la libertad de expresión frente a los intentos de acallar a una asociación y acusa al director general del cuerpo de querer "controlar la resistencia que se ha desplegado en la sociedad". "Nos quieren callados y para ello recurren a argumentos que recuerdan trasnochadas purgas políticas que parecían afortunadamente superadas en la España democrática", lamenta la asociación que asegura que los servicios jurídicos ya están trabajando en la defensa de Leal.