El Supremo ordena demoler el complejo de Valdecañas y Extremadura anuncia un recurso al Constitucional

La Junta de Extremadura prevé presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la sentencia del Supremo que acuerda la demolición total del complejo de Valdecañas, y defenderá ante la Unión Europea que el "exceso" de protección medioambiental dificulta el desarrollo de territorios en vías de despoblación.

Así se ha pronunciado este miércoles el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en una rueda de prensa en la que ha mostrado su pesar por este fallo, en la que también ha aclarado que "esto es un maltrago, pero no es el final de esta tierra".

Tras mostrar el respeto de su Gobierno a las sentencias judiciales, "nos gusten más, nos gusten menos", así como a Ecologistas en Acción como demandante, ha adelantado que "lo más probable", una vez se conozca el detalle de la sentencia, que se publicará en los próximos días, es que se recurra ante el TC.

Pero además de ello, ha abogado por plantear a la UE que existen territorios que están perdiendo habitantes por el "exceso" de protección medioambiental que sufren, para "ir de la mano" y revisar este modelo porque, de lo contrario, "el discurso de lucha contra la despoblación se queda cojo".

En esta línea, ha apostado también por una modificación de la Ley del Suelo de España, no para que afecte al proyecto de Isla Valdecañas, sino para que se tenga en cuenta que dentro de la Red Natura -que afecta al 30 % del territorio extremeño y en porcentajes similares a otras comunidades autónomas- existen terrenos con mayor y menor valor medioambiental.

Al margen de ello, Fernández Vara ha afirmado que Marina Isla de Valdecañas "no es el proyecto del que depende el futuro de Extremadura", aunque lo seguirá defendiendo, y ha subrayado que si esta decisión del Supremo se hubiese producido hace años hubiera sido "un mazazo colectivo en esta tierra", pero no hoy por los proyectos industriales que tiene en marcha.

El presidente de la Junta ha reiterado además que cuando se siente con el Gobierno central para abordar la deuda histórica le pedirá suelo industrial "que no esté sometido a que tengamos que depender durante 15 años de sentencias judiciales", como es el caso.

Respecto al coste que supondría el derribo de Isla Valdecañas, ha planteado que "es algo que ahora mismo no nos planteamos porque no está escrito". Asimismo, a preguntas de los medios respecto a si se pueden derivar responsabilidades políticas por este caso, ha contestado que los hechos se remontan a 2006 y que las personas que estaban más relacionadas con este asunto hoy ya no están en política.

No obstante, ha añadido que "lo más cómodo es no hacer nada" y que los extremeños asumieran que en la región no se puede hacer nada, frente a lo cual ha defendido la política como "jugársela al servicio de esta tierra".