García Ortiz pide anular el registro de su despacho y señala que se llevaron información que "puede comprometer la seguridad del Estado"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que anule por "manifiesta y notoria desproporción" la entrada y registro que se produjo en su despacho de la Fiscalía General del Estado en el marco de la causa abierta contra él por una presunta revelación de secretos.

Según adelanta 'El País' y ha podido confirmar laSexta, la Abogacía del Estado recurre ante la sala esa decisión de Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa judicial que se abrió contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso.

Para los servicios jurídicos del Estado estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de todos los dispositivos y correos de García Ortiz, aunque posteriormente el análisis se limitó al periodo situado entre el 8 y el 14 de marzo, "constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid".

Por otro lado, el escrito de la defensa de García Ortiz también apunta a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó de sus dispositivos información que "puede comprometer la seguridad del Estado".

"En sus contactos, en sus correos, en toda la actividad desplegada a través de los medios de transmisión y almacenamiento de datos que constan en la parte dispositiva del auto, hay información que, sin tratar de ser exhaustivos, puede comprometer la seguridad del Estado, la actividad de otras instituciones, intereses nacionales, compromisos con terceros y en definitiva a la estructura de la Fiscalía en su conjunto", señalan.

Además, añaden que "nadie, salvo la persecución de hechos concretos relacionados con aquellas, debe tener conocimiento de alguno de los extremos o informaciones que maneja el fiscal general del Estado", recordando que "este interés público no ha sido objeto de consideración alguna en la resolución recurrida".

Registro del 30 de octubre

Fue el pasado 30 de octubre cuando el juez instructor de la causa autorizó "la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas".

Autorizó incluso la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, "así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)".

También dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de "la información contenida en servidores".

Fijó, no obstante, dos límites: uno sustantivo, que la información pueda tener relación con el delito de revelación de secretos investigado; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. Este espacio temporal fue acotado de nuevo con posterioridad por el instructor, especificando que era del 8 al 14 de marzo.

Ese mismo día, al menos, la UCO llevó a cabo el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores.

Este movimiento de Abogacía del Estado se suma al de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que señaló en su recurso de apelación ante el TS del pasado 5 de noviembre contra los autos que autorizaban los registros efectuados en los despachos del fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid que los mismos eran nulos porque no contenían "un relato de los hechos que se consideran delictivos".

Cabe recordar que González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales para negociar un acuerdo.

El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.