El fiscal general se reúne hoy con los fiscales del 'procés' y mañana con los de Cataluña por la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reúne hoy con todos los fiscales de Sala del Tribunal Supremo para abordar la posición del Ministerio Público en relación con la amnistía, según fuentes jurídicas a laSexta.

Se trata de reuniones para coordinar la actuación de la Fiscalía en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. Entre los fiscales de lo Penal están los cuatro fiscales del procés -Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno-, que son los más críticos con la aplicación de la ley.

Asimismo, García Ortiz se reunirá un día después, el viernes, con los fiscales de Cataluña, donde hay más de 300 causas abiertas que podrían beneficiarse de la amnistía.

En el Supremo hay tres causas afectadas: la del procés, desligada en la ejecutoria de los ya condenados y la que el juez Pablo Llarena tiene en instrucción contra Carles Puigdemont y el resto de huidos; y la de Tsunami por terrorismo.

Según las mismas fuentes, la previsión es que el trámite judicial va a resultar más lento de lo esperado. Y los tribunales van a dar diez días a las partes para que pidan la aplicación de la amnistía y se posicionen a favor o en contra.

Los dos principales escollos a la aplicación de la amnistía son la malversación (si hay ánimo de enriquecimiento los autores de esos delitos no podrán beneficiarse) y el terrorismo cuando supone grave vulneracion de los derechos humanos en relación con lo recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Directiva Europea sobre terrorismo de 2017.

Lo primero que tendrán que evaluar los jueces de toda España es si levantan las medidas cautelares que tengan pendientes, como la orden de detención nacional que actualmente permanece vigente contra el expresident Puigdemont.

Si consideran que la ley puede ser inconstitucional o chocar con el derecho europeo, los jueces y tribunales pueden plantearse presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todos los casos en los que se presenten, el caso concreto quedaría paralizado durante meses a expensas de la resolución judicial.

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