Los fiscales del Supremo defienden que a Puigdemont y los condenados por malversación no se les puede aplicar la amnistía

Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, han entregado por escrito su informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que defienden que a la malversación no se le puede aplicar la amnistía. Por tanto, se excluiría de la misma al líder de Junts y expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos los condenados por malversación en el procés. Para ellos, existió "beneficio patrimonial, ánimo de lucro y acto de apropiación activo de ellos".

Asimismo, han señalado que sí se aplicaría la ley a la desobediencia y a los desórdenes públicos, según ha podido saber laSexta. Por otro lado, los fiscales del procés, críticos con la norma que este mismo jueves ha sido aprobada definitivamente por el Congreso, han argumentado que las medidas cautelares y órdenes de detención no pueden ser alzadas, por tanto, quedarse sin efecto de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE. Por eso, sostienen que no puede ser retirada por la amnistía la orden de detención de Puigdemont.

Este jueves se han reunido con el fiscal general del Estado los fiscales del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación de la amnistía. Según la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, simplemente se han abordado "los caminos procesales" para la aplicación de la ley en todas las causas a las que afecta.

Después de la reunión, los fiscales del Supremo han entregado por escrito dicho informe a García Ortiz, que ha contestado que lo estudiará para dar "las órdenes necesarias" de cara a la unidad de actuación. Mañana, viernes, continuará con la cúpula fiscal de Cataluña.

Este informe de los fiscales llega una hora después de que se haya aprobado definitivamente la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. En concreto, la ley prevé el olvido de los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca desde la organización del 1-0 o las cargas policiales para impedirlo hasta las masivas protestas contra la sentencia y los disturbios que desataron.