Archivada la investigación
La Fiscalía no aprecia delito de odio en el chat de militares que hablaba de fusilar a 26 millones de personas
En dicha conversación, se podían leer mensajes que apoyaban dar un golpe de estado. Aun así, la entidad concluye que eran palabras "inapropiadas", pero no delictivas.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o "fusilar a 26 millones de hijos de puta" al no apreciar un delito de odio.
En esta línea, la entidad considera que los participantes se expresaron "en la confianza de estar entre amigos". El representante del Ministerio Fiscal afirma que los mensajes que aparecen en un chat “privado”, formado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, exponen opiniones a los demás participantes “con libertad”, y sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.
Asimismo, el propio Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía de que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, “algunos hace más de 40 años”, por lo que ninguno está en activo.
Estos militares enviaron una carta al Rey “exteriorizando o desvelando una postura franquista y de ultraderecha”. En ella, se hacía una crítica contra el Gobierno, centrada en el acoso que dicen que se ejerce al poder judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes.
Palabras inapropiadas, pero no delictivas
La Fiscalía ha explicado que "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".
Además, concluyen que, al no poder contextualizar los mensajes que se han hecho públicos con el resto del contenido del chat (según la Brigada Provincial de Información por ser una conversación privada), estos solo "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno".
Así, los interpreta como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".
De este modo, concluyen que la libertad de expresión tiene un campo de acción "más amplio" que la libertad de información, "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados".