La Fiscalía General del Estado apela a la "obligación" de todos de acatar la sentencia del "procés"

En su intervención en el acto de apertura del Año Judicial celebrado en la misma sala del Supremo que acogió el juicio por el 1-O, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dedicado un apartado a Cataluña afirmando que, "frente a la extraordinaria gravedad de los hechos" que se juzgaron, la respuesta de la justicia "ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley".

"Precisamente en este momento creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", ha dicho Segarra, ya que la "única forma posible" de garantizar la convivencia en un Estado democrático es mediante el respeto a la ley. Además, ha indicado que en este asunto la Fiscalía "ha actuado de manera autónoma, interpretando y aplicando las leyes conforme a criterios estrictamente jurídicos, fijados a través del libre debate entre excelentes profesionales del derecho".

Segarra ha expuesto en el acto un resumen de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2018 que se presenta este lunes, en la que se desgranan las estadísticas y recomendaciones del ministerio público sobre todos los asuntos judiciales.

Medios para combatir la violencia machista

En materia de violencia machista, Segarra ha advertido de la "insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas" y ha invitado a reflexionar sobre la suficiencia "de los medios disponibles y su irregular despliegue" a lo largo de todo el territorio. "No podemos ocultar", ha reconocido Segarra, que de las 49 mujeres asesinadas el año pasado, solo 16 habían formulado denuncia, una cifra que, sin embargo, supone "un incremento" en casi 12 puntos (del 20,75 % al 32,65%) La trata de seres humanos también preocupa a la fiscal, quien ha lamentado que el siglo XXI "no conoce todavía la erradicación de la esclavitud", personificada en estos delitos.

Para Segarra, en la sociedad hay una "visión distorsionada" de la prostitución y la realidad es que afecta sobre todo a mujeres extranjeras y en situación de extrema vulnerabilidad. Por ello cree que se debe penalizar "toda forma de proxenetismo" y la conducta de quienes "conscientemente se aprovechan de los servicios prestados por las víctimas de trata".

También ha hablado de la delincuencia sexual, con cifras "preocupantes" como el aumento de un 23% de los procedimientos iniciados en 2018, y concretamente al caso de la Manada de Pamplona, en el que el Supremo finalmente condenó a los autores por agresión y no abuso sexual, tal y como siempre defendió la Fiscalía.

En este sentido, ha reiterado el compromiso del ministerio público para colaborar en la mejora de la regulación de este tipo de delitos para facilitar su aplicación. Segarra ha dedicado otro apartado a la criminalidad informática y, dentro de ella, ha destacado que los delitos de odio se han incrementado en casi un 18 %, conductas que muchas veces se amparan en el anonimato que facilita internet. También en internet han proliferado los delitos contra la libertad sexual, que suponen un 13% de los nuevos procedimientos por delitos informáticos y muchos atañen a menores. Estos menores, ha destacado, se exponen a un "efecto contagio" en las redes en el que se aprecia una "notable falta de empatía y, lo que es particularmente inquietante, una reproducción de patrones machistas".

Lucha contra la corrupción

En cuanto a la lucha contra la corrupción, ha destacado el aumento de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción en 2018 y ha reclamado la necesidad de una reforma profunda de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos. En cuanto al terrorismo, ha recordado que en 2018 se produjo la disolución de ETA, lo que pone de manifiesto que "la aplicación de la ley es la mejor forma de erradicar el terrorismo". Ahora se abre el reto de luchar contra el yihadismo, una tarea "de enorme dificultad técnico-jurídica".