LA AUDIENCIA PROVINCIAL DECIDIRÁ SI SE SIENTA EN EL BANQUILLO

La Fiscalía llamará a la infanta como testigo y le pedirá una fianza de 500.000 euros

La Audiencia Provincial de Baleares resolverá si mantiene la decisión del juez Castro de sentar a la infanta Cristina en el banquillo. El fiscal Pedro Horrach ha adelantado que aunque archive su imputación, la Fiscalía la va a llamar como testigo en el Caso Nóos. Además, va a reclamar para ella una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, que deberá pagar de forma solidaria con su marido, Iñaki Urdangarin.

El Ministerio Público reclamará además para ella una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de su sociedad inmobiliaria Aizoon --de la que son socios al 50 por ciento--, y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

El fiscal Pedro Horrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.

Para reclamar la fianza, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Se da la circunstancia de que en Baleares se han producido casos similares a éste. Tal es el caso del PP, que fue condenado en el conocido como caso Scala como responsable civil a título lucrativo al pago de un total de 10.585 euros, cantidad que la formación desvió del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB) --dependiente del Govern-- al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral de la formación en Ibiza y Formentera de 2007.

Asimismo, Francisca Moll, esposa del exgerente de la Funeraria municipal de Palma Oscar Collado, fue condenada a título lucrativo a pagar 20.000 euros por haberse beneficiado del enriquecimiento ilícito de su marido a través de una trama de comisiones y desvíos a través de la compraventa de tumbas y ataúdes, a pesar de que desconocía el origen ilegal del dinero.

En el caso de los Duques, la Agencia Tributaria (AEAT) llegó a elevar a un total de 698.824 euros el importe total que ambos destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares, sirviéndose así de su empresa en forma de 'tapadera' con el objetivo de blanquear los fondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóos y que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.

De hecho, Hacienda estima en 436.703 euros el dinero que los Duques cargaron a Aizoon entre 2004 y 2006 por la rehabilitación de su vivienda barcelonesa y en 262.120 los fondos que destinaron a otras adquisiciones personales de 2004 a 2010.

Se trata de unas cifras que se suman a las que aportó en su día el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, entre las que destaca el pago de 139.000 euros por la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal.

Los Duques llegaron a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de Aizoon, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.

Es más, Marc Viader, arquitecto que reformó parte del palacete de Pedralbes, admitió ante agentes de la Policía Nacional haber facturado por estas obras 20.000 euros a través de Aizoon por orden de Urdangarin, concretamente en el año 2005, a pesar de que la factura se correspondía a nivel privado con el encargo de rehabilitación, reforma y ampliación del domicilio particular que el matrimonio posee en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona.

Clases de 'coatching' por 6.672 euros, de salsa y merengue por 707, celebraciones de cumpleaños y eventos infantiles por más de 800 euros, así como comidas y cenas en lujosos restaurantes se añaden a la lista de gastos en que incurrieron los Duques con cargo a las cuentas de Aizoon, mientras ésta se nutría de los fondos que las Administraciones balear y valenciana pagaron al Instituto Nóos y cuya mayor parte, según los investigadores, fueron a parar a los bolsillos de Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

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