Caso Leire Díez
El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire
El contexto Anticorrupción y el PP habían pedido sendas imputaciones, solicitando también nuevas diligencias de investigación contra el antecesor de Mercedes González en el cargo, Leonardo Marcos.
Resumen IA supervisado
El juez Santiago Pedraz ha citado como investigados a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y Manuel Llamas, director adjunto operativo, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. La citación responde a las presuntas maniobras de Leire Díez para investigar a la UCO por filtraciones en causas que afectan al Gobierno y presiones a sus agentes. La Fiscalía Anticorrupción y el PP han solicitado estas imputaciones. El PP también pidió la imputación de Leonardo Marcos por supuestamente ordenar a la UCO no ser proactiva en casos políticos, aunque la Fiscalía no lo ha reclamado. Mercedes González ha negado cualquier implicación en conspiraciones contra la UCO.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.
El magistrado ha citado a ambos a declarar por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.
Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.
Además, este miércoles conocimos que el PP, que ejerce como acusación particular en la pieza unificada del 'caso SEPI', también pidió la imputación de ambos y del exdirector general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.
El PP justificaba esta petición en las tres reuniones que Mercedes González mantuvo con Leire Díez, que "presumía de tener 'control absoluto' sobre la directora general", para tratar el ascenso del guardia civil de la trama Koldo.
En lo que respecta a Leonardo Marcos y Manuel Llamas, los 'populares' citan el sumario del caso y esgrimen que "ordenaron a mandos de la UCO 'ponerse de perfil' y a 'no ser proactivos' en causas con 'afectación política', señalando específicamente el caso del hermano del presidente del Gobierno".
Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.
Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".
Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.
En sus informes, la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Pedraz pide al PSOE identificar quién firmó un contrato de asesor con el abogado de Cerdán
Por otro lado, ha acordado requerir al PSOE para que identifique a la persona que suscribió un contrato de asesoramiento jurídico con el letrado Jacobo Teijelo, que después asistió como defensor al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo.
El magistrado de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en la misma providencia en la que ha citado como imputados a Mercedes González y Manuel Llamas.
En su requerimiento al PSOE, Pedraz pide en concreto que, además de la identidad de la persona que suscribió ese contrato, el partido indique el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó.
"Dicha diligencia deberá cumplimentarse a través de persona designada con poder de representación del citado partido político informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica", advierte el juez.
En su declaración como imputado el pasado 25 de junio, Teijelo se amparó en el secreto profesional para no profundizar en los encargos que le hizo el PSOE y por los que se le hicieron tres facturas por un total de 125.000 euros, si bien señaló, de forma genérica, que se trató de la elaboración de análisis de perspectiva de ciertos procedimientos.
Respecto a su relación con el PSOE, el letrado explicó que cuando empezó a hacerse cargo de la defensa de Cerdán, en el partido le devolvieron dos facturas vinculadas a esos encargos por un importe de 50.000 euros al considerar que había incompatibilidad por estar ejerciendo la defensa del exsecretario de Organización, que ya no estaba en el partido.
Las facturas estaban firmadas por la gerente del partido, Ana María Fuentes, también investigada en esta causa, si bien Teijelo aseguró que no la conocía.
Según se desprende del sumario de esta causa, este abogado fue designado por la exmilitante socialista Leire Díez responsable de las actividades del área de hidrocarburos y por esa labor es por la que supuestamente le habría pagado el PSOE.
En esta misma providencia, dictada este jueves, Pedraz acuerda también unir a la causa la documentación que se recabó de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, en torno al expediente de nacionalidad del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, y de la que da una copia a la UCO para "avanzar" en las pesquisas sobre el otorgamiento a esta persona de la nacionalidad española.
También ha decidido incorporar a esta causa las declaraciones que prestó en febrero de 2025 la empresaria Carmen Pano, conocida por haber asegurado que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE, en el caso del fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama y que también instruye Pedraz.