IMPUTADO POR PREVARICACIÓN
La Fiscalía pide a la jueza del 8M que archive la causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid
Según el escrito del fiscal, José Manuel Franco no incurrió en el delito de prevaricación por el que se le investiga y cree que no se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario.
La Fiscalía pide a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa del 8M contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por presunta prevaricación al haber permitido que se celebrase la manifestación del 8M cuando ya había casos de coronavirus, según informa el periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina.
Franco está citado para declarar ante la jueza el día 10 de este mes. Dice la Fiscalía que resulta "palmario" que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación (...) no equivale a dictar resolución". Dice además que para que concurra prevaricación esa supuesta resolución debería ser "no sólo ilícita, sino también arbitraria", una conducta que tampoco es a su entender imputable a Franco.
Sobre el delito de prevaricación que se le imputa, precisa la Fiscalía que el Delegado del Gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
A su juicio, Franco no dejó de resolver petición alguna "a que viniera legalmente obligado""ni cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva, "teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: primero, que no concurre en él la posición de garante que exige la comisión por omisión, y, segundo, que no existía norma jurídica o mandato imperativo alguno que hubiese violentado arbitrariamente con una inactividad". Insiste en que no tenía competencias en materia sanitaria para prohibir la manifestación.
La declaración por la OMS del COVID-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. En opinión de la Fiscalía, con tal escenario, nacional e internacional, "pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil".