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La Fiscalía pide al Supremo que permita el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' en las elecciones del 29N

¿Qué han dicho? La posición del Ministerio Fiscal pone de manifiesto dificultades de seguridad y jurídica, al usarse para los comicios un censo cerrado con fecha de 1 de agosto con escasas posibilidades de modificación. Además, esgrimen que ejecutar ese auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo.

Mesa electoral en un colegio de MadridAgencia EFE

El Ministerio Fiscal, según fuentes fiscales a laSexta, ha solicitado al Tribunal Supremo que permita el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' de cara a las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

La posición del Ministerio Fiscal ha sido poner de manifiesto las serias dificultades que puede haber, ya que por razones de seguridad jurídica y legalidad el censo que se va a usar en esas elecciones está cerrado a 1 de agosto con mínimas posibilidades de modificación.

Además, apuntan a que la ejecución del auto puede generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad.

Ante esto, se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación ha podido cambiar el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos en este proceso electoral.

En resumen, la Fiscalía está solicitando al Supremo que renuncie a revisar el censo antes del 29 de noviembre, con lo que todos los que lograron la nacionalidad con la 'ley de nietos' puedan acudir a las urnas.

Además, se ha reiterado la necesidad de que se dé la opción de personarse en el procedimiento a las personas afectadas por las medidas cautelares, para que puedan defender sus intereses.

Esta postura se suma a la ya trasladada por la Abogacía del Estado, que ha advertido de que el adelanto electoral ha acrecentado aún más la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afecta la medida cautelar adoptada por el Supremo.

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