Recurso del PP al TC

Forzar una ley con enmiendas: una estrategia que el PP ya usó y ahora afea al Gobierno

El Gobierno ha utilizado dos enmiendas en la reforma del Código Penal para sacar adelante la del CGJP y el Constitucional. El PP ha recurrido, pero los gobiernos de Aznar y Rajoy ya emplearon esta táctica. También el de Zapatero.

Usar dos enmiendas en la ley sobre el delito de sedición para cambiar otra ley que no tiene nada que ver -la ley que facilita el desbloqueo del Tribunal Constitucional- es para el Partido Popular "un ataque al orden constitucional y al Estado de Derecho". Y ese es el argumento que ha utilizado el PP para pedir amparo al Constitucional, el tribunal de garantías que se va a reunir el próximo lunes 19 de diciembre para decidir si paraliza la tramitación de las enmiendas en el Senado.

Contexto. Pero no es la primera vez que esto ocurre en el Congreso de los Diputados. "Es muy habitual, y eso lo ha hecho tanto el PSOE como el PP. Utilizar la percha de una ley orgánica para introducir enmiendas de otras leyes orgánicas", puntualiza el magistrado Ignacio González Vega.

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Lee entre líneas. Estos son algunos de los precedentes:

  • El Gobierno de Aznar. En 2003, usó una ley de arbitraje para endurecer el Código Penal. El objetivo era evitar un referéndum en el País Vasco al amparo del Plan Ibarretxe. El PSOE llevó el caso al Constitucional que falló ocho años después declarando inconstitucional el atajo de la enmienda en leyes que nada tienen que ver con la materia.
  • Sin embargo, es una fórmula que se ha seguido utilizando en el Congreso de los Diputados. En 2009, el Ejecutivo de Zapatero introdujo la 'Ley Sinde' sobre el cierre de páginas web en un macro proyecto legislativo de contenido puramente económico, la Ley de Economía Sostenible.
  • Y en 2014, Mariano Rajoy llegó a La Moncloa e hizo exactamente lo mismo. Garantizó el aforamiento del rey Juan Carlos nada más abdicar en una ley sobre el Poder Judicial. Pero no ha sido la única vez: también utilizó esta estratagema para modificar el déficit tarifario, el rescate de las autopistas o el índice de hipotecas.

Sí, pero... ¿es todo esto legal? No. El Tribunal Constitucional dijo en su sentencia de 2011 que se había vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario, al admitirse como enmiendas unos textos que no tenían relación alguna con la iniciativa legislativa a enmendar y exigió que se dejaran sin efecto.

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