distintas figuras penales
¿Fue Gertrudis cooperadora necesaria, cómplice o encubridora?: el posible futuro judicial de la secretaria de Zapatero en el caso Plus Ultra
Los detalles Se trata de una decisión que deberá tomar el juez José Luis Calama llegado el momento y para la que tendrá en cuenta el nivel de conocimiento e intencionalidad que pudo tener sobre los actos delictivos.
Resumen IA supervisado
La UDEF investiga el valor de 103 joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, con la ayuda de un perito. Según el sumario, las joyas eran herencias y regalos de jeques. Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, estuvo presente durante los registros y podría haber fabricado documentación falsa. Su responsabilidad penal dependerá de su conocimiento e intención de participar en la trama corrupta. Podría ser acusada de cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento, dependiendo de su implicación. Casos similares se han visto en Gürtel, Malaya, ERE de Andalucía y Bárcenas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La UDEF de la Policía Nacional intenta conocer el valor de las 103 joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a través de un perito que ya trabaja en ello. Tras conocerse el sumario de la causa al que tuvo acceso laSexta supimos que eran herencias familiares y regalos de jeques, según explicó en un primer momento la secretaria durante 25 años del socialista, Gertrudis Alcázar.
Y es que Gertrudis fue la que tuvo que estar en el despacho de la calle Ferraz durante los registros de hace una semana, tras la negativa de Zapatero de acudir al lugar. Además, según los investigadores, la secretaria también habría tenido un importante papel en la trama, pues más allá de gestionar el correo del expresidente, también habría fabricado documentación falsa.
El conocimiento y el dolo
Ahora bien, ¿podría ser condenada por los presuntos delitos de su jefe? Si bien no basta con trabajar para un corrupto para ser responsable, sí puede ser condenada por sus propios actos en relación a los negocios corruptos de su jefe. Todo dependerá de dos claves: conocimiento y lo que se llama dolo.
Por un lado, habrá que conocer hasta qué punto realiza sus tareas administrativas sabiendo que forman parte de una trama corrupta; mientras que, por otro, también debe conocerse su intención, es decir, que aun siendo consciente de que sus actos son delictivos, existe voluntad o intención de participar en ellos. Por eso, si el juez cita a declarar a una secretaria, con sus preguntas tratará de separar entre tareas mecánicas y una cooperación consciente.
Cooperación necesaria, cómplice y encubrimiento
De esta manera, cabe preguntarse qué responsabilidad penal se le podría imputar en el caso de que sobrepasase esas dos líneas rojas. Puede ser condenada por hasta tres delitos, de mayor a menor gravedad: cooperación necesaria, cómplice o encubrimiento.
Se trataría del primero si cuando sin su ayuda su jefe no hubiera podido cometer irregularidades, el cual suele ser castigado con la misma pena que el reponsable de ese delito. Inferior sería si hablamos de que era cómplice, es decir, una ayuda de la que podría prescindir. El tercer caso correspondería a cuando se intentan ocultar pruebas, por ejemplo, a posteriori.
En este último caso, el del encubrimiento, las penas son aún más inferiores sin que lleguen a los tres años de prisión, según establece el Código Penal. En todo caso, aún habiendo conocimiento, el juez puede eximir o atenuar la responsabilidad por tres motivos: falta de ese dolo del que hablábamos (intencionalidad); obediencia laboral; o coacciones de un superior, sobre todo en el caso de los fucionarios.
Otras secretarias como Gertrudis
Se trata de una cuestión que se ha visto en otros casos sonados de corrupción como la Gürtel, el caso Malaya, los ERE de Andalucía o el caso Bárcenas. En estos, los jueces interrogaron uno a uno a los distintos cargos administrativos, terminando con condenas y absoluciones en función del grado de conocimiento que tuvieron a la hora de ejercer sus funciones sobre la facturación falsa y el desvío de fondos públicos.
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