La Generalitat catalana debe más de 82 millones de euros a entidades de discapacitados

Del total adeudado, la mayor parte, casi 41 millones, corresponde a programas del departamento de Bienestar Social relacionados con subvenciones para el mantenimiento de las entidades y la concertación de plazas de residencia, hogares-residencia, apoyo para la autonomía en el propio hogar y centros de día.

El segundo lugar lo ocupa el departamento de Empresa y Empleo, que acumula una deuda de 38,6 millones de euros, vinculados a programas y servicios que favorecen la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Otras deudas corresponden a los departamentos de Enseñanza (1,8 millones de euros), Salud (casi 1,1 millones de euros) y Justicia (56.262 euros), seguidos de Presidencia e Interior, según el desglose que han hecho las entidades.

Del total de la deuda, casi tres millones son impagos que el gobierno catalán debe desde el año 2011, 7,8 millones desde 2012, 12,3 desde 2013, 31,3 desde 2014 y 28,2 millones son impagos de este año.

El presidente del COCARMI, Antonio Guillén, ha lamentado que "desgraciadamente, esto está teniendo como consecuencia reducir los servicios, pérdida de calidad de estos, paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, aumento de listas de espera, mayores cargas para las familias y limitar la creación de puestos de trabajo".

"De continuar así, ha alertado el presidente del COCARMI, costará muchos años volver a los niveles de servicios anteriores a la crisis, unos niveles que, a pesar de no ser los ideales, fueron toda una conquista".

La federación de asociaciones de discapacitados envió el pasado mes de marzo una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacidad desde que estalló la crisis.

Guillén ha reprochado que su reclamación aún no ha obtenido respuesta y ha recordado que el pasado mes de octubre, cuando la Generalitat anunció un nuevo aplazamiento parcial de los pagos, las entidades ya advirtieron que "se ponía en riesgo la calidad de los servicios e, incluso, podía llevar al cierre de entidades".

Ante los impagos del gobierno catalán, las entidades reclaman vías de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asuma el coste financiero derivado de los impagos, además de exigir un calendario de pagos para "poder recuperar la normalidad y continuar trabajando juntos en el desarrollo de políticas de inclusión para las personas con discapacidad o trastorno mental de Cataluña".