La Generalitat Valenciana creó un sistema similar al de las tarjetas 'black'

La caja fija es una partida presupuestaria prensada para agilizar el día a día de las administraciones y que puedan pagar sus pequeños gastos como material de oficina, dietas, transportes e imprevistos rápidamente, sin el engorro de un concurso público previo.

Pero en Valencia algunos funcionarios y altos cargos la habrían aprovechado como un cheque en blanco para sus gastos más frívolos e, incluso, para enmascarar contratos no adjudicados.

La norma dice que las compras de libretas o bolis no pueden superar el 7% del gasto diario y que hay que justificarlas después. Pero el PP valenciano, desde Zaplana, casi duplicó ese límite. Y desde Camps, en ocho años llegaron a cargarse recibos por más de mil millones de euros, y la mitad ni siquiera los habrían pasado al tribunal autonómico de cuentas.

Aunque el Consell asegura que todo está auditado. "Los órganos de control de la Generalitat han tenido que supervisar y dar el visto bueno de alguna manera, o haber puesto alguna pega a esos gastos", asegura XX.

El Govern se aferra a que el sistema es legal y culpa a los administrativos de los posibles fallos. Mientras, el presidente Fabra prometió hacer públicos los gastos como le han pedido los tribunales, pero su equipo ha recurrido la solicitud con el pretexto de no sobrecargar a los funcionarios.

En total, son más de tres millones de tickets y justificantes los que quedan por encontrar y fotocopiar.