El Gobierno ve "aberrante" la decisión de llevar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular: "Es inocente"

"Aberrante". Es la primera palabra, la primera valoración desde el Gobierno de España de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por dos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta añaden que, pese a ser "aberrante", esta decisión era "previsible con todo lo que está ocurriendo", un mensaje que alude a la reciente condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.

Según el Gobierno, Begoña Gómez "es inocente". "Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno", añaden las fuentes consultadas por laSexta.

El primer ministro en pronunciarse públicamente sobre esta decisión ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ironiza sobre la "casualidad" de que se haya conocido este auto horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalase la Ley de Amnistía del Gobierno. "¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", asegura Puente en su cuenta de X.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que habrá juicio con jurado popular para Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y para su asistenta, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del sofware, sobreseyéndose en su caso parcial y provisionalmente para ella respecto del delito de tráfico de influencias.

Además, levanta las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, que podrá volver a tener su pasaporte.

El auto defiende que "no puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga que justifique el mantenimiento de las medidas acordadas". Además, señala que la resolución en relación con la persistencia de dicho riesgo "no aparece suficientemente individualizada ni apoyada en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga".

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