El Gobierno aprueba un requerimiento para declarar incompetente al Ejecutivo de Mañueco sobre la ley del aborto

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de lainterrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. Así, la Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

Se trata de un segundo requerimiento, diferente al enviado este domingo, ya que ese va por la vía de lo contencioso administrativo, mientras que este nuevo requerimiento, por incompetencia es ante el Tribunal Constitucional. El primer requerimiento, según ha confirmado la Junta de Castilla y León, ha sido recibido en la mañana de este martes. "En el caso de que no de cumplida respuesta y satisfactoria se iniciarían acciones ante el Constitucional", anunciba el ministro de presidencia Félix Bolaños.

Siguiendo la línea de lo defendido hasta ahora por el Gobierno central, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado tras el Consejo de MInistros que no van a permitir que se retroceda "ni un milímetro" en los derechos de las mujeres. Así, ha insistido en que van a "luchar y defender" para que no se produzca ninguna marcha atrás en las libertades, con "todos los mecanismos y herramientas" a su alcance.

Rodríguez ha subrayado que las medidas anunciadas por la Junta -"que hoy seguimos sin conocer a pesar de los requerimientos formales"- contravienen las leyes y la Constitución Española, ya que es el Gobierno central el encargado de elaborar la legislación básica sanitaria y que son las comunidades las competentes en desarrollarla, pero sin contravenir la propia norma estatal. Por ello ha instado a que la coalición de PP y Vox en Castilla y León "cese o se abstenga" en tomar medidas para limitar el derecho a la de las mujeres embarazadas que deseen abortar.

Antes, desde el Foro de Davos y en un corrillo con periodistas, el presidente Sánchez destacaba lo anunciado por Castilla y León vulnera una ley estatal y que por eso el Gobierno debe responder ante ello.

Mientras, el Gobierno de Castilla y León sigue inmerso en el caos y en comunicaciones contradictorias dependiendo de si la interlocución se hace desde la presidencia del PP o la vicepresidencia de Vox.

El anuncio de un nuevo protocolo para los sanitarios y su atención a las mujeres embarazadas lo hacía el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. En rueda de prensa con el consejero de Sanidad a su lado, Gallardo explicaba que a partir de ahora para los médicos sería "obligatorio ofrecer" a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo "tres cuestiones": la posibilidad de escuchar el latido del feto, realizar una ecografía 4D y "atención psicosocial específica".

Ese mismo día, desde el ala del PP del Ejecutivo castellanoleonés el consejero de Presidencia, José Julio Carnero, advertía de que "en ningún caso se le puede obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de lo que dice la ley" y que, de hecho, el tema no había sido abordado en el Consejo de Gobierno.

El viernes, sin embargo, García-Gallardo aseguraba que las medidas habían sido consensuadas con la Consejería de Sanidad, en manos del PP. Ya el sábado, Mañueco rompía su silencio para manifestar su "respeto absoluto de los derechos de los sanitarios".

Con el inicio de la semana la polémica seguía y García-Gallardo insistía: "Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información". "Está el tema clarísimo", llegó a decir. No obstante, Mañueco niegaque su Gobierno haya "contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas": "Ni la legislación ha cambiado ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado incluir modificación alguna", ha zanjado.

Desde el Gobierno central se mostraban contundentes. "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", advertían.

Cinco días de polémica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se había pronunciado hasta ahora, ha tratado de calmar hoy. Feijóo se ha alineado con el presidente de Castilla y León y ha insistido, a pesar de lo anunciado por Vox, en que no van a modificar el protocolo de protección a la mujer embarazada. "En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una embarazada", ha sentenciado.

Mientras, desde el partido de extrema derecha aumentan la presión. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, haamenazado con romper el gobierno en Castilla y León. En una entrevista en RTVE de Cataluña, Garriga ha advertido de que "llegará el momento de hacer balance del cumplimento de los acuerdos y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y seguir o no en el gobierno". "Vox no va a dar un paso atrás en lo acordado en Castilla y León", ha insistido.

"Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término", ha sostenido al ser preguntado por qué pasaría si no se aplica el protocolo que establece medidas como que los médicos ofrezcan a las embarazadas una ecografía 4D y escuchar el latido del feto.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a pronunciarse. Ha sido a través de una carta a Sánchez, en la que asegura que el protocolo que Vox dice que acordaron no existe, no se va a implementar, "ni se va a obligar a nada a los facultativos o a la mujeres".