El Gobierno aprueba la reforma del aborto: ¿qué cambia respecto a la ley de 2010?

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto que reformará la ley del aborto para garantizarlo en la sanidad pública, eliminar la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años e introducir nuevos derechos, como la baja laboral para reglas que provocan dolores incapacitantes.

La norma incluirá también un permiso retribuido para las embarazadas a partir de la semana 39 de gestación, aunque el Ministerio de Igualdad aspiraba a que fuera desde la 36, y finalmente deja fuera la prometida rebaja del IVA para los productos de higiene femenina, como compresas y tampones.

En este sentido, Montero se ha mostrado convencida de que la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso, pero ha insistido en que la decisión será suya.

Una ley, que según Montero, garantiza el derecho de la mujer "a decidir sobre su propio cuerpo" y que es "la puerta de entrada" a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

Aunque el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Podemos estipuló que esos productos quedarán gravados con el IVA superreducido del 4%, Hacienda ha vuelto a aparcar ese compromiso, por el que la titular de Igualdad, Irene Montero, promete seguir peleando.

Igualdad, que ha negociado durante meses el texto con Sanidad, está satisfecha con una ley pionera en Europa al reconocer el derecho a la salud menstrual, con la que las mujeres que sufran un dolor incapacitante durante la regla podrán acceder a una baja laboral asumida por la Seguridad Social desde el primer día.

Montero ha opinado que con estas medidas la regla dejará de ser un tabú y que España se convierte así en el primer país de la UE en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado. "Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita", ha abundado.

Con el objetivo de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, se creará un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al diseñado para la eutanasia.

Otro de los ejes del proyecto es la apuesta por la educación afectivo-sexual en la escuela y por combatir las violencias en el ámbito de la salud sexual, desde la esterilización o el aborto forzado a la gestación subrogada, prohibiendo la publicidad de las agencias intermediarias.

Cuando en 2010 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó el derecho al aborto en determinados supuestos por una ley que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, el PP la recurrió ante el Constitucional, pero cuando gobernó sólo introdujo el requisito del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años. Esa exigencia desaparecerá ahora sin que el Constitucional haya llegado a pronunciarse sobre la ley de plazos.

Preguntada por el coste de las medidas, Montero ha indicado que el permiso preparto costará 57 millones de euros; las bajas por menstruación incapacitante, 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.

La norma contempla también la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.

La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual. De hecho, en los institutos se distribuirán métodos anticonceptivos de barrera y productos de higiene menstrual.

También prestará especial atención la ley al climaterio y pondrá en marcha un teléfono de asesoramiento para facilitar información sobre los derechos sexuales y reproductivos.

La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.

Montero ha querido agradecer a los ministerio implicados en esta ley, como el de Sanidad, Inclusión, Hacienda y Educación; ha valorado el trabajo realizado por la primera ministra de Igualdad en España, Bibiana Aído, que impulsó la ley de 2010 con un amplio consenso, y también ha tenido palabras de reconocimiento para el movimiento feminista.